El juez pide al Supremo que investigue a Iglesias por denuncia falsa en el ‘caso Dina’

El juez Manuel García Castellón pidió ayer al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en el ‘caso Dina’ que investiga el supuesto robo del móvil de una exasesora del hoy vicepresidente del Gobierno.

El magistrado de la Audiencia Nacional, tras acabar la instrucción de esta pieza separada del sumario Tándem sobre las actividades ilícitas del excomisario José Villarejo, entiende que hay indicios de que el líder de Podemos promovió una investigación judicial contra las supuestas cloacas de Interior, como suele denominarlas el propio Iglesias, a sabiendas de que no tenían nada que ver con esa presunta sustracción del teléfono. Según el instructor, Iglesias alentó este supuesto bulo en los tribunales con el único fin de conseguir «ventajas electorales» en los comicios de abril de 2019 presentando a su partido como víctima de la guerra sucia del Estado.

En su escrito al Supremo, el juez también reclama al alto tribunal la imputación de los otros personajes que supuestamente participaron en este montaje judicial con fines electoralistas: la directora de los servicios jurídicos de Podemos, Gloria Elizo, y los letrados de la formación Marta Flor Nuñez y Raúl Carballedo. El instructor también propone imputar a la propia Dina Bouselhan y su marido, Ricardo Sa Ferreira, por falso testimonio, ya que no habrían participado en la supuesta farsa, aunque la habría encubierto.

Teoría conspiratoria

El magistrado considera probado, en esencia, que Iglesias se guardó un tiempo la tarjeta del móvil de su colaboradora consciente de que contenía material íntimo y luego la destruyó para avivar la teoría de la conspiración contra Podemos en víspera de las elecciones de abril de 2019. García Castellón relata que el robo del teléfono de Bouselhan se produjo el 1 de noviembre de 2015 y que en noviembre de 2017, en los registros del domicilio de Villarejo se encontraron varios archivos con material que había en la tarjeta del teléfono.

Ese, relata el juez, sería el único vínculo del excomisario con el caso porque, de acuerdo con la investigación, el contenido de la tarjeta llegó a sus manos a través del director de la revista Interviú, Alberto Pozas, y el subdirector, Luis Rendueles, quienes entregaron una copia al entonces director del Grupo Zeta, Antonio Asensio. Según señala el titular del Juzgado central de Instrucción 6, Iglesias recibió de Asensio el 20 de enero de 2016 la tarjeta de memoria y «comprobó» que el dispositivo «almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo» de su excolaboradora. «Pese a ello -escribe el juez- se guardó la tarjeta sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015».

García Castellón asegura que Iglesias retuvo la tarjeta después de comprobar que en ella había capturas de pantalla en la que su exasesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el propio líder de Podemos. El líder de Podemos devolvió la tarjeta «inservible» a su excolaboradora en algún momento de 2017. Pero antes, según el juez, «puesto de común acuerdo con Gloria Elizo y con la participación de los letrados Raúl Carballedo y Marta Flor Nuñez» y a sabiendas que el origen de la filtración a algunos medios de comunicación era la propia Bousselham, decidió poner en marcha una ofensiva judicial personándose como perjudicado. Todo para intentar hacer creer que la publicación de los mensajes era una campaña de las cloacas del Estado que habían «encargado» la tarea a Villarejo de «perjudicar» a Iglesias.