jueves. 09.02.2023

El juez pregunta a las partes si cita a Gallardón por su relación con Urdangarín

La infanta se desplaza a Barcelona para preparar el interrogatorio del 8 de febrero.
El juez José Castro pregunta a las partes si es pertinente citar al ministro Gallardón.

El juez instructor del caso Nóos ha dado diez días de plazo a las partes para que digan si consideran pertinente citar como testigo a Alberto Ruiz-Gallardón. Su testimonio fue solicitado por Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín, y la petición cuenta con el respaldo de la acusación popular ejercida por Manos Limpias. El hoy ministro de Justicia mantenía, según el exasociado, una estrecha relación con el yerno del rey mientras fue alcalde de Madrid y habría favorecido algunos negocios de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, sucesora del Instituto Nóos.

El magistrado José Castro descartó en septiembre citar a Gallardón porque no había indicios de su intervención para que esa fundación, que decía dedicarse también a la atención de niños discapacitados, obtuviera un contrato para promocionar la candidatura olímpica de Madrid 2016 por valor de 144.000 euros. Un dinero que la entidad cobró aunque no hay constancia de los trabajos realizados por la entidad de Urdangarín. Torres, en un escrito entregado en el juzgado de Castro el martes, abunda en las relaciones entre el exalcalde y su exsocio y aportó correos electrónicos y fotografías para probar que los vínculos eran muy estrechos.

Justificación

El instructor considera que la solicitud del exsocio tiene elementos que podrían justificar la citación del ministro de Justicia como testigo y ha preguntado a las partes su parecer. Es improbable que la Fiscalía o la Abogacía del Estado y, por supuesto, Urdangarín secunden la petición y comunicarán al juez que no la ven necesaria. Manos Limpias, en cambio, consideró ayer que la relación entre ambos era «estrecha» y contribuyó al acuerdo con la candidatura olímpica. Un convenio, según la acusación popular, justificado por el ayuntamiento en «un escrito hecho a mano de cuatro folios».

Castro tomará una decisión en la primera semana de febrero, pocos días antes de que comparezca en su juzgado la infanta Cristina, imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales en la gestión de Aizoon, la inmobiliaria fantasma propiedad a partes iguales de los duques de Palma. La hija del rey se encuentra ya en Barcelona y ayer acudió a su despacho en la Fundación Obra Social de La Caixa. También tiene previsto reunirse con su equipo de abogados del bufete de Miquel Roca para preparar su declaración ante el juez dentro de 15 días.

Cristina de Borbón tiene ahora su residencia en la ciudad suiza de Ginebra, donde vive con sus cuatro hijos y trabaja en el área internacional de la fundación de La Caixa y también en la fundación benéfica de Aga Khan, amigo personal del rey. La esposa de Urdangarín permanecerá en Barcelona dedicada a la preparación de sus respuestas al interrogatorio del magistrado hasta que se desplace a Palma de Mallorca la víspera de la citación o el mismo día.

Tres facturas

La situación procesal de la infanta puede cambiar en función de cómo se desarrolle la declaración de los tres peritos de la Agencia Tributaria que Castro ha citado mañana a instancias del fiscal Pedro Horrach. Los expertos exoneraron en sus investigaciones a Cristina de Borbón del delito fiscal porque la suma supuestamente defraudada nunca superó los 120.000 euros por ejercicio, mínimo legal para que sea considerado un ilícito contra Hacienda. El instructor, sin embargo, incluyó en su auto de imputación el presunto delito fiscal aunque con dudas sobre su existencia.

Los inspectores tributarios señalaron en sus informes, como se encargó de recordar el fiscal, que no era delito que el matrimonio Urdangarín-Borbón cargara a Aizoon facturas personales que no tenían nada que ver con la empresa, por ejemplo la remodelación de su casa del barrio barcelonés de Pedralbes, viajes, comidas y fiestas familiares, como si fueran gastos de la inmobiliaria que nunca vendió un piso. Los expertos puntualizaron además que la suma presuntamente defraudada nunca superó el tope legal de los 120.000 euros anuales. El meollo de la cuestión radica en tres facturas por casi 70.000 euros que Aizoon se desgravó en el impuesto de sociedades de 2007 y con las que se superaría el tope legal. Castro considera que fue una operación fraudulenta, pero Hacienda, no.

El juez pregunta a las partes si cita a Gallardón por su relación con Urdangarín
Comentarios