El juez prohíbe salir de España a Mikel Antza
Le imputa la autoría intelectual del asesinato de Miguel Ángel Blanco
El juez que investiga a varios exjefes de ETA por el crimen de Miguel Ángel Blanco ha impuesto al exdirigente Mikel Albisu, Mikel Antza, la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado más próximo a su domicilio y la prohibición de salir del país, medida que ya pesaba sobre él por otra causa.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no ve riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas por parte de Antza, «toda vez que han transcurrido más de 25 años desde la comisión de los hechos que se investigan», según el auto dictado este jueves, al que ha tenido acceso Efe.
García Castellón ha interrogado a Antza y a la también exjefa de la banda terrorista Soledad Iparraguirre, Anboto, quienes se han negado a declarar por el secuestro y asesinato del concejal de Ermua (Bizkaia) en julio de 1997. Tras la breve comparecencia de Antza, que ha alegado que ya fue condenado en Francia por integración en ETA, todas las acusaciones, a excepción de la Fiscalía —Dignidad y Justicia, Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el PP— han pedido varias medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte.
En respuesta, el juez García Castellón ha dictado un auto en el que decreta su libertad, le impone comparecencias quincenales y le prohíbe salir del territorio, medida que ya se decretó contra él en la causa en la que también se investiga a miembros de la excúpula de ETA por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995.
El magistrado ha tenido en cuenta que el investigado tiene arraigo en España y fundamentalmente el «lapso temporal transcurrido entre la comisión de los hechos que se investigan, julio de 1997 y el momento presente» que diluye el riesgo de fuga. «No existe ningún indicio que ponga de manifiesto que se puedan ocultar, destruir o alterar dichos elementos, ni que puedan ser calificados como fuentes de prueba relevantes», indica el magistrado.
Además, señala que el informe de la Guardia Civil que derivó en la imputación de Antza no concretó «en el específico momento de comisión del hecho delictivo, el lugar físico en que se encontraba el investigado, aspecto que ha de tenerse en cuenta en este momento en que se decide sobre la imposición de medidas cautelares personales».
Dicho informe señaló que los investigados —entre los que también se encuentra José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri—, pese a no ser los ejecutores materiales, que ya fueron condenados, tuvieron «una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba» el comité ejecutivo de la banda que integraban durante las 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo».