El juez propone juzgar por primera vez a Villarejo acusado de espionaje
Dos comisarios irán al banquillo con él en la primera pieza de caso Tándem que se cierra
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha comenzado los trámites que llevarán al excomisario a ser juzgado por primera vez por el caso Tándem desde que en noviembre de 2017 el excomisario ingresara en prisión preventiva por sus presuntas labores de espionaje a través de su empresa, Cenyt.
Tal y como le reclamó hace unos días la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado de la Audiencia Nacional ha dado por concluida en un auto una de las más de veinte piezas del caso Tándem, la número la 2, bautizada como Iron, en alusión al nombre del bufete Herrero y Asociados que supuestamente encargó en 2013 al excomisario que investigara a un despacho rival, Balder IP Law.
El juez propone juzgar a 14 personas por cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, entre ellos Villarejo, su esposa, su socio Rafael Redondo, el exjefe de la Ucao, el comisario Enrique García Castaño; el inspector Antonio bonilla, así como a los socios mayoritarios del despacho Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez, y a María Ángeles Moreno, directora del departamento de marcas externas del bufete, al que también procesa el magistrado como persona jurídica.
El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue «el origen delictivo» de la causa que le abrió la Audiencia Nacional por integrar una presunta trama de extorsión a bancos o para retirar acusaciones como la de la infanta Cristina en Nóos y que él atribuye al BBVA.
En un escrito remitido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, al que ha tenido acceso Efe, Pineda sostiene que la causa contra él surge de «una investigación parapolicial liderada por el excomisario Villarejo» de la que se aprovechó el BBVA, al que acusa de haber planificado con «altos mandos policiales» «acabar» con él y su asociación.
«Ese acabar con Ausbanc no podía ser de otra forma que, por medio de una Instrucción judicial con el concurso del Ministerio Fiscal por mor de unos informes policiales resultado del cohecho, plagados de falsedades y, precisamente, delictivos per se», denuncia Pineda.
Por todo ello, solicita a la Fiscalía que, hasta la «averiguación de la ilícita formación de la causa», «inste» la suspensión o archivo de ese procedimiento, por el que se le empezó a juzgar semanas antes de que se decretase el estado de alarma y que aún tiene pendiente.
Cree además que el Ministerio Fiscal «no debe eludir su responsabilidad en este asunto» al considerar que está siendo instrumentalizando «para aprovechar los efectos del delito cometido desde las estructuras policiales corruptas a instancia y satisfacción de intereses de particulares».