La jueza reclama una fianza de 885.000 euros al dueño de la finca donde murió Julen

j. cano / a. frías | málaga

El dueño de la finca de Totalán donde murió el pequeño Julen irá a juicio acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia. Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, que ha dirigido la investigación del caso, quien además reclama a David Serrano que deposite una fianza de 885.310 euros para responder de las posibles indemnizaciones que, en el supuesto de ser condenado, tuviera que abonar. La magistrada, en un auto que está fechado el 12 de septiembre, recuerda que las acusaciones han pedido penas de prisión para el propietario de la parcela y, dado que a su juicio existen indicios de criminalidad -tal y como reflejó en su resolución del pasado julio-, decreta la apertura de juicio oral contra David Serrano. Dado que las condenas solicitadas no exceden los cinco años de cárcel, será un juzgado de lo Penal, y no la Audiencia, quien lo juzgue.

La jueza recoge en el auto las penas propuestas por la Fiscalía, que solicita una condena de tres años de cárcel, y también por la acusación particular, que ejercen los padres, y que añade seis meses más a la petición del Ministerio Público argumentando que la supuesta negligencia cometida por Serrano es, a su juicio, «extremadamente grave».

Las acusaciones no han solicitado por ahora indemnización para los padres por la muerte del menor, aplazando esa posible responsabilidad civil a la cantidad que se determine en ejecución de sentencia. En cambio, la Junta de Andalucía sí ha tasado ya, como le pidió el juzgado, los gastos derivados del operativo de rescate y, más concretamente, de la «obra de ingeniería civil» realizada para perforar una galería paralela al pozo al que cayó el niño y que permitiera llegar hasta él, como así ocurrió al cabo de 13 días, cuando se rescató su cuerpo sin vida.

El Gobierno autonómico estimó el coste de los trabajos en la suma de 663.982,45 euros. En el auto de apertura del juicio oral, la jueza calcula la fianza en base a esta cifra, que es la única que por el momento se ha solicitado, y que se ha incrementado un tercio tal y como establece el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De ese cálculo sale la cantidad de 885.310 euros que la magistrada pide a David Serrano para responder de la responsabilidad civil que pudiera corresponderle si resulta condenado. La jueza le da al dueño de la finca el plazo de un día, a partir de que se le notifique la resolución, para que deposite la fianza y le apercibe de que, en el caso de no abonarla, «se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma», que -advierte la magistrada- no es definitiva dado que las acusaciones no han fijado cuantía de una posible indemnización por la muerte del menor.