sábado 22/1/22
Miembros de la policía nacional ayer, a la entrada del Tribunal de Cuentas en Madrid. EMILIO NARANAJO

El Tribunal de Cuentas fijó ayer una fianza de 5,4 millones de euros a los líderes secesionistas, entre otros a los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont o los indultados Oriol Junqueras y Raül Romeva, por el presunto desvío de fondos públicos a la internacionalización del ‘procés’ durante 2011 y 2017.

Todos ellos, junto a una treintena de ex altos cargos del Govern, tienen quince días hábiles para reunir el dinero fijado y depositarlo como fianza. De lo contrario, sus cuentas y sus viviendas serán embargadas de forma provisional mientras el órgano fiscalizador resuelve los supuestos gastos irregulares destinados a la acción exterior de la Generalitat y, en concreto, a promocionar el ‘procés’ en el extranjero, a través de las llamadas embajadas catalanas y del Procicat.

El Tribunal de Cuentas notificó ayer la cuantía de las fianzas a los encausados, acusados de malversación contable. Este organismo investiga los gastos de las delegaciones del Govern en el extranjero, así como los viajes de los presidentes y los consejeros.

La responsabilidad del pago de la fianza es solidaria. La cantidad total fijada la deben pagar entre todos los investigados pero lo que debe abonar cada uno depende de su nivel de responsabilidad en los gastos fiscalizados.

A Artur Mas, presidente de la Generalitat entre 2010 y 2016, se le reclaman 2,8 millones. Carles Puigdemont, presidente catalán entre 2016 y 2017, y el exvicepresidente, Oriol Junqueras, indultado hace una semana, deberán hacer frente a un pago de 1,9 millones. De la lista inicial de 41 encausados, hay siete menos, entre ellos el exconsejero Jordi Turull, indultado hace una semana.

El tribunal notificó las fianzas a los abogados y les dio tres horas para presentar sus alegaciones. El letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, denunció «indefensión» y anunció que llevará el caso a la justicia belga. Artur Mas y el exconseller Frances Homs, otro de los encausados, acusaron al ente fiscalizador de buscar su «muerte civil» y Puigdemont tachó a esta institución no judicial, cuyos consejeros son elegidos por las Cortes Generales, de franquista e inquisitorial. Boye argumentó que la acción exterior del Govern está amparada por el Estatuto de autonomía.

Lo que se investiga, no obstante, son contratos con lobbys extranjeros para buscar aliados internacionales para la causa independentista y actividades de promoción del proceso soberanista en el exterior.

Los investigados reclamaron a las plataformas secesionistas el apoyo de la llamada ‘caja de solidaridad’ que la ANC y Omnium Cultural pusieron en marcha para que los condenados por el 9-N y el 1-O pudieran hacer frente a las multas millonarias. En el caso del 9-N, los exmiembros del Ejecutivo catalán fueron condenados a pagar cinco millones por la organización de la consulta soberanista mientras que para el referéndum ilegal de 2017 el Tribunal de Cuentas impuso fianzas de más de cuatro millones.

Fuentes del organismo apuntaron que aún no se dirime si existe o no responsabilidad contable sino que se hace un pronunciamiento previo y provisional. Las posibles responsabilidades contables se determinarán posteriormente. Si no existieran, los encausados recuperarían sus fianzas.

Junqueras y los líderes del ‘procés’ tienen 15 días para depositar 5,4 M€