La justicia belga da un varapalo a Puigdemont en su lucha contra el juez Llarena
La Justicia belga ha desestimado la denuncia presentada por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena por supuesta vulneración de su presunción de inocencia al considerarse incompetente, informaron ayer fuentes de la acusación.
Puigdemont y sus exconsejeros autonómicos huidos en Bélgica Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret denunciaron en un juzgado civil belga en junio de 2018 al juez que instruyó la causa del 1-O, al considerar que éste habría vulnerado su presunción de inocencia al decir en una charla en Oviedo en febrero de ese mismo año que los procesados en el caso del ‘procés’ no eran presos políticos.
DOS AÑOS DE ESPERA
Casi dos años más tarde, el Tribunal Francófono de primera instancia de Bruselas ante el que presentaron la denuncia, que más tarde ampliaron también al Estado español, resolvió el pasado 27 de marzo que no es competente para pronunciarse, decisión que los abogados de Puigdemont han anunciado ya que recurrirán ante el Tribunal Supremo belga.
«El tribunal considera que las manifestaciones de Llarena se produjeron en su condición de juez y que por tanto quedan amparadas por la inmunidad de jurisdicción y evita por tanto pronunciarse sobre el fondo de las alegaciones», informó la defensa en un comunicado.
El tribunal belga también rechazó pedir opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la competencia de la justicia belga a través de una cuestión prejudicial, como solicitaban los abogados de los políticos independentistas.
INCOMPATIBLE CON LA UE
Los letrados que asisten a Puigdemont y sus exconsejeros en Bélgica han explicado que recurrirán porque consideran que «la interpretación que hace el tribunal es incompatible con el espacio común de justicia europeo».
La denuncia partió de unas declaraciones de Llarena en una charla en Oviedo en febrero de 2018 en las que el magistrado sostenía que los procesados en el caso del ‘proces’» no eran presos políticos.