Justicia da un golpe a Marlaska y frena la devolución de menores a Marruecos

El acuerdo entre España y Marruecos para devolver a quince menores no acompañados al día, de los más de 700 que llegaron a Ceuta entre el 17 y 18 de mayo, fue paralizado ayer por un tribunal de la ciudad autónoma. A última hora de la mañana, el Juzgado lo Contencioso-Administrativo número 1 ordenó suspender el dispositivo en virtud de una demanda presentada por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y jóvenes y la Fundación Raíces.

Los beneficiarios fueron un grupo de doce jóvenes que estaban a punto de ser trasladados, aunque finalmente solo se consiguió evitar la salida del país de nueve de ellos, dado que los otros tres habían sido entregados a las autoridades marroquíes. En su auto, la juez recordó que «la legislación española solo permite la devolución de mayores de edad que se encuentren ilegalmente en nuestro país, sin la tramitación del correspondiente expediente administrativo, cuando se trate de extranjeros que ya hubieran sido expulsados y contravengan la prohibición de entrada en España y a aquellos que pretendan entrar ilegalmente en el país».

Un varapalo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que por la mañana defendió en varias entrevistas «la legalidad total» del operativo. Este había generado muchas dudas a lo largo de todo el fin de semana, sobre todo tras la investigación abierta por la Fiscalía y las quejas del Defensor del Pueblo. Desde dentro del propio Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mostró su enfado en privado a varios ministros socialistas y exigió a Pedro Sánchez que se detuvieran «inmediatamente» estas repatriaciones, una petición que, como aseguraron fuentes moradas, no tuvo respuesta por parte del presidente.

Interior, mientras tanto, ya entregó a las autoridades marroquíes desde el viernes a 45 adolescentes y su objetivo es continuar con el plan. El protocolo es el mismo en todos los casos: agentes de la Policía Local acuden al polideportivo Santa Amelia, uno de los recintos de la ciudad autónoma en los que se encuentran acogidos los adolescentes, y en grupos de 15 los suben a un microbús desde el que son entregados en el punto fronterizo de El Tarajal por parte de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, insistió en que este procedimiento se basa en un acuerdo con Marruecos firmado en 2007 y actualizado cinco años más tarde.

El ministro utilizó los mismos argumentos que trasladó el miércoles pasado, en una carta, a la Delegación de Gobierno en Ceuta para poner en marcha el operativo. Para Marlaska no se trata de devoluciones sino de «retornos asistidos», un concepto basado, en su opinión, en «el interés superior del menor» que «no tiene arraigo en España». Además, especificó, «en ningún caso» se están deportando a jóvenes en situación vulnerable y que todas las salidas son voluntarias. «Es un número que facilita un estudio pormenorizado de cada caso. Se busca la reagrupación familiar, con el interés del menor por delante», sostuvo.

Lo cierto, sin embargo, es que ya se produjeron fugas de varios adolescentes del polideportivo Santa Amelia, algo que demostraría las reticencias y falta de voluntad de algunos menores a regresar a su país.

Desde algunas ONG como Save The Children o Amnistía Internacional sostuvieron, además, que los traslados se están produciendo «de forma arbitraria», y tratan también de paralizarlos de forma cautelar a base de denuncias en los juzgados de Ceuta. La Fiscalía, por su parte, ya pidió a Interior información «caso por caso».

Pero Fernando Grande-Marlaska reiteró que ya avisó al dispositivo al Ministerio Público. También al de Derechos Sociales, que controla la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Algo que, por otro lado, desmintieron a este periódico fuentes cercanas a dicha cartera, que insistieron en que «por ningún medio y en ningún momento» se puso en contacto con ellos algún representante de Interior. La líder morada, Ione Belarra, de hecho, envió una misiva el pasado viernes en la que mostraba su preocupación por la situación y lamentaba que no se hubieran tenido en cuenta sus propuestas alternativas a la repatriación.

La polémica abrió un nuevo frente de discrepancias a poco menos de dos semanas para el inicio del curso político y el regreso a las negociaciones para los Presupuestos de 2022. El asunto se suma a la discusión pública por el precio de la electricidad, por lo que ambos partidos volverán con las espadas en alto después de un periodo de relativa calma propiciado por la transición de los morados tras el precipitado adiós de Pablo Iglesias de la política en mayo.