La justicia da un golpe al modelo lingüístico que impone Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña adoptó ayer una decisión que puede provocar una tormenta política en Cataluña de dimensiones impredecibles porque afecta al modelo de inmersión lingüística, una cuestión muy sensible, más aún en vísperas de unas elecciones autonómicas y en plena tramitación de la ley Celaá, que los grupos de la derecha consideran una cesión del Gobierno a los independentistas catalanes.

La Sala Contencioso-Administrativa estableció que la Generalitat tiene la «obligación» de adoptar las medidas necesarias para garantizar que los alumnos reciban la enseñanza en las dos lenguas oficiales, catalán y castellano. Y señala que la utilización vehicular de la segunda no puede ser «inferior al 25%». En la actualidad, en la educación pública y concertada de Cataluña el catalán es la única lengua que se emplea en la enseñanza de las materias, y el castellano solo es una asignatura, de la que se imparten entre dos y tres horas semanales. En cambio, el tribunal ha determinado ahora que el castellano también tiene que ser lengua vehicular en la enseñanza, al menos en la cuarta parte de las asignaturas.

La decisión judicial acaba con la casi exclusividad que tiene el catalán en la enseñanza.