jueves 26/5/22

La justicia da quince días al Govern para cumplir la sentencia del español

El Ejecutivo catalán está obligado por el TSJC a impartir el 25% de las clases en castellano

Ultimátum de la justicia al Govern catalán. La sala contencioso administrativa del TSJC ha dado 15 días de plazo a la Generalitat para el «cumplimiento» de la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en todos los centros educativos de Cataluña.

En concreto, la justicia, después del recurso de una entidad que aboga por el bilingüismo y que exigió la ejecución forzosa del fallo judicial, ha decidido requerir al consejero de Educación de la Generalitat para que, en el plazo máximo de 15 días, «dicte las instrucciones y establezca las garantías de control» para que todos los alumnos reciban de «forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».

El TSJC remarca que el uso de los idiomas deberá incluir como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo. Además, la Generalitat deberá informar al tribunal el grado de cumplimiento de la sentencia.

El auto judicial se dirige también a la Alta Inspección Educativa «a los efectos de verificar el cumplimiento» del fallo judicial «en el conjunto del sistema educativo de Cataluña» y le requiere para que informe de las medidas adoptadas por el Govern y de la «situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado». La sentencia reconoce la «libertad» de la Generalitat de Cataluña para «determinar los medios que considere oportunos para hacer efectivo el uso vehicular» de las dos lenguas oficiales. «Lo determinante en la sentencia no es el medio sino el resultado», afirma el auto. Lo que se condena, avisa la justicia, es una «inactividad en el dictado de normas, instrucciones o actas de aplicación» para determinar el uso vehicular de las dos lenguas oficiales en la enseñanza. «La sentencia se limita a determinar el mínimo constitucionalmente exigible», según el auto judicial. «Lo que no está en su libertad es no actuar y permitir una situación contraria al mandato constitucional», advierte al Govern. Esta ejecución forzosa deriva de la sentencia dictada por el TSJC el 16 de diciembre de 2020 y que se convirtió en firme por el Tribunal Supremo el pasado 20 de enero de 2022.

La justicia da quince días al Govern para cumplir la sentencia del español
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