La justicia suspende el aplazamiento de las elecciones catalanas y las deja en el 14-F
La Generalitat prepara las urnas a la espera de una decisión definitiva sobre si puede poner fecha a su antojo
Pere Aragonés y la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, llegan ayer a la reunión del ‘Govern’. RUBÉN MORENO
El lío jurídico en el que se ha vuelto a meter la política catalana es de tal dimensión que a día de hoy nadie sea atreve a aventurar cuándo serán las elecciones autonómicas. Podrían ser el 14 de febrero, el 30 de mayo o quién sabe si una tercera fecha. Dependerá de lo que resuelva la justicia. Y los tribunales, según sendas resoluciones del TSJC, dicen que a día de hoy los comicios deben celebrarse el 14-F, en la fecha prevista inicialmente. Aunque este extremo podría cambiar en cuestión de días.
De momento, el TSJC decidió ayer suspender de manera cautelar el decreto aprobado el viernes pasado por el Govern, que dejaba sin efecto la convocatoria electoral del 14 de febrero y fijaba, sin llegar a la convocatoria formal, la fecha del 30 de mayo como alternativa.
El Alto Tribunal catalán atendió las medidas cautelares solicitadas por dos de los recurrentes, un abogado y exmosso d’esquadra, que en su día se querelló contra la jueza Carmen Lamela por ordenar el ingreso en prisión provisional de los presos del ‘procés’, y la formación Izquierda en Positivo. La Lliga Democràtica, por partida doble, Federalistes d’Esquerres y el Pacma también han impugnado, aunque no habían solicitado medidas urgentes.
La convocatoria del 14-F vuelve a estar vigente y tanto la Junta Electoral Central como el Gobierno catalán dieron ya la orden de reactivar todos los dispositivos para que los comicios puedan celebrarse dentro de un mes.
EL MISMO DÍA, DE MOMENTO
La cita original con las urnas se mantiene viva de forma provisional, a la espera de que el TSJC resuelve el fondo de la media docena de recursos presentados contra el decreto del Govern. La razón que dieron los jueces para adoptar medidas urgentes fue que, si no lo hacían, podía llegarse a «una situación prácticamente irreversible en cuanto a la posibilidad de celebrar las elecciones en la fecha inicialmente prevista».
El Govern tiene hasta mañana para presentar alegaciones, y pide a los jueces premura en resolver todo el caso, ya que el viernes de la semana que viene empieza la campaña electoral. Lo que finalmente deberán determinar los jueces es si el Gobierno catalán, en las actuales circunstancias en que no hay presidente de la Generalitat, puede suspender un proceso electoral, que es fruto de unos mecanismos automáticos fijados por la ley, y fijar la fecha a su antojo.
«El actual Govern, en funciones, se arroga competencias que la ley no le confiere», según los recurrentes. Así, el presidente en funciones no puede ni cesar, ni nombrar consejeros, ni disolver el Parlament, ni convocar elecciones. Algunos juristas han apuntado que quien no puede convocar, tampoco puede desconvocar.
El Govern confía en que el TSJC le acabará dando la razón y las elecciones podrán celebrarse el 30 de mayo. A su juicio, el aplazamiento se decidió sobre la base de «criterios sanitarios y epidemiológicos que, a día de hoy, siguen vigentes». Y la decisión de suspender las elecciones del 14-F tiene una «sólida base jurídica», argumentó la Generalitat.