viernes 21/1/22

Los juzgados abrieron juicio oral o procesaron a 261 personas el pasado año por delitos relacionados con la corrupción, un periodo en el que, además, concluyeron la instrucción de 56 procedimientos penales.

Del mismo modo, los tribunales dictaron un total de 67 sentencias sobre estos hechos, de las que un 69% (dos de cada tres resoluciones) fueron total o parcialmente condenatorias.

De los procesos que han llegado al final de la instrucción y que están relacionados con delitos corrupción, siete de ellos se produjeron en la Audiencia Nacional, mientras que los juzgados de Andalucía, con 23, y la Comunidad de Madrid, con 11, encabezan el reparto territorial. Andalucía lidera también el número de acusados formales (99 personas), seguida de Baleares (38), Madrid (27) y Castilla y León (18).

Estos datos han sido dados a conocer en el repositorio que de forma periódica publica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una vez que ha incorporado la información correspondiente al último trimestre de 2020.

En Castilla y León

Los jueces y juezas de Castilla y León abrieron juicio oral en 2020 o procesaron por delitos de corrupción a un total de 19 personas, todas ellas en el segundo trimestre del referido ejercicio La información que se ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Los juzgados procesaron a 261 acusados por corrupción