La Corona y la cruz

La puerta la abrió el presidente del Gobierno cuando, en su última rueda de prensa de 2020, avanzó que el rey estaba «trabajando», con el apoyo de la Moncloa, en una ‘hoja de ruta» basada en la «renovación de la Corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad». Esa respuesta un tanto ambigua de Pedro Sánchez dio pie a un sinfín de especulaciones sobre la inminencia de algunas reformas en la Jefatura del Estado, incluida una eventual ley sobre la Corona, que ocho meses después siguen sin concretarse.

En este tiempo, en el que las informaciones y las investigaciones judiciales sobre los negocios opacos de Juan Carlos I arrojaron unos perennes nubarrones negros sobre la Zarzuela, el Ejecutivo y la Casa del Rey trabajó con discreción para tratar de introducir algunas medidas de transparencia y fiscalización. La voluntad de ambas partes fue acometer reformas profundas para «adecuar la institución a los tiempos actuales». Si avanzaron en esa tarea modernizadora o no, nada se sabe.

En la Moncloa se limitaron a confirmar que los contactos continúan, y que será el nuevo ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que sustituya a Carmen Calvo en su interlocución con Jaime Alfonsín, pero dejaron claro que es Felipe VI quien «marca los tiempos». Y ya se sabe que las cosas de Palacio van despacio. «Sin prisas, ni estridencias», aseguraron.

Desde que se conoció que don Juan Carlos estaba bajo la lupa de la Fiscalía, el rey ha dado señales de gran firmeza con el rechazo de la herencia de su padre o su salida de la Zarzuela, su residencia desde 1962. Pero en el Gobierno insistieron en que, en este momento, esos pasos no son ya suficientes y reclamaron cambios más profundos que atajen la sensación de impunidad que provocan casos como el de las finanzas del rey emérito y protejan a la Jefatura del Estado.

Entre las posibilidades que se barajaron estaría una reforma en la ley de Presupuestos para establecer un mayor control sobre las cuentas de la Casa del Rey, de manera que se arrojara luz sobre algunos gastos que a día de hoy no pueden ser controlados por las Cortes.

En la Zarzuela sostuvieron que desde que Felipe VI llegó a la Jefatura del Estado puso en marcha ya varias medidas como auditar las cuentas por una consultora externa, regular los regalos o introducir un código de conducta para los funcionarios de la Casa Real. Medidas que se antojaron insuficientes para reflotar una monarquía acosada por los escándalos del emérito.

Otra de las opciones que estaría sobre la mesa es la revisión de la inviolabilidad de la que goza el Rey para circunscribirla únicamente al ejercicio de su cargo. Éste asunto es más delicado porque exige un procedimiento agravado de reforma constitucional que abriría en el Congreso espacio a un debate sobre el futuro de la monarquía parlamentaria que el PSOE quiere evitar a toda costa.

Las prácticas nada ejemplares de Juan Carlos de Borbón provocaron, en los últimos meses, por parte de Unidas Podemos y el resto de las formaciones republicanos una campaña antimonárquica basada en invalidar la utilidad de la Corona en base a los fallos de quien fue su titular hasta el 2014.

Para estos partidos, la única renovación posible de la monarquía es su desaparición o, por lo menos, la modificación de la Constitución para dejar las funciones del rey vacías de contenido.