La ley de la Infancia concita el mayor consenso de la legislatura

El Congreso dio hoy un paso crucial para acabar con la opacidad que encubre y silencia en España la violencia y los abusos sexuales contra los menores. El pleno, con el mayor consenso de la legislatura y entre los aplausos de las ONG, aprobó, por 268 votos a favor y con la única oposición frontal de Vox, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia.

La norma pone coto a las decenas de miles de casos de maltrato, acoso escolar, extorsión digital ('grooming'), abusos sexuales o violaciones que sufren cada año los niños y adolescentes españoles. En su punto clave, establece que los pederastas podrán ser perseguidos al menos hasta que su víctima cumpla 40 años, lo que amplía 17 años el momento en el que hasta ahora tenía efectividad la denuncia por el abuso sexual o la violación de un niño, lo que dificultará que el agresor logre eludir el banquillo.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, resumió su espíritu en tres mensajes. Uno para toda la sociedad, pero sobre todo para las familias, en cuyo seno se producen la mayoría de los abusos: "La violencia contra los niños no es aceptable y no la vamos a permitir". El segundo, para los menores: "Ninguna persona tiene derecho a violentaros. Nadie tiene derecho a tocaros si no queréis. Si alguien os hace daño en casa, pedid ayuda en la escuela. Si alguien os hace daño en la escuela, pedid ayuda en casa. Si alguien os hace daño, nunca es culpa vuestra. Pedid ayuda, porque alguien va a ayudaros". Y el último, que provocó protestas en las bancadas conservadoras, para la jerarquía católica: "La Iglesia ha sido cómplice durante demasiado tiempo, encubriendo la violencia sexual hacia los niños, y esto tiene que terminar".

La ley de la Infancia, que entrará en vigor como tarde en junio, cuando sea aprobada por el Senado, fue respaldada por PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Más Madrid, BNG, Compromís y por la mayoría del Grupo Mixto, el 75% de la Cámara Baja. Contó con el 'no' rotundo de Vox y con el 'no' técnico de PNV, que rechazó una norma que le gusta, pero que denuncia que invade competencias autonómicas, idéntica crítica que llevó a otros nacionalistas como PdeCAT, EH Bildu o la CUP a colocarse en la abstención, pese a estar básicamente de acuerdo con el texto. Aún así, es un respaldo amplísimo si se tiene en cuenta que otras leyes con gran consenso, como la de eutanasia o la de cambio climático, lograron 202 y 190 apoyos, respectivamente.

Lacra oculta La norma, también conocida como 'ley Rhodes', en reconocimiento al activismo de este pianista, que fue violado en su infancia de forma reiterada por un monitor deportivo, garantiza una protección de los derechos del niño inédita en España y quiere ser el instrumento que rompa la coraza que oculta, sobre todo en el ámbito familiar, todas las formas de violencia contra los menores, que no denuncian ni el 15% de las agresiones. Se trata de una ley que abarca desde la prevención a la reparación del daño, pasando por una atención integral a la víctima, muy similar a la cobertura que reciben las mujeres que sufren violencia de género.

El texto prevé unidades policiales especializadas en la prevención y persecución de estos delitos, recomienda al Gobierno la creación de juzgados y fiscalías específicos, y prevé la puesta en marcha de protocolos de detección precoz en ambulatorios y hospitales, colegios y en los centros de menores, en estos últimos con especial atención a los casos de explotación sexual.

El Congreso quiere acorralar a los pederastas. Por eso aprobó que la prescipción de las agresiones más graves contra niños y adolescentes, entre las que destacan los abusos y las violaciones, no empezará a contar hasta que las víctimas cumplan 35 años, por lo que, en la práctica, los pederastas podrán ser sentados en el banquillo hasta que sus supervivientes tengan entre 40 y 50 años. La razón es que el plazo de prescripción de estos delitos oscila entre 5 y 15 años, según la gravedad.

Encubrimiento familiar Es una reforma fundamental, porque más de la mitad de quienes denuncian un abuso infantil tardan al menos dos décadas en hacerlo, lo que ahora provoca que muchos pederastas se vayan de rositas. El hecho de que el 80% de las agresiones sexuales se den en la propia familia del chico o en su entorno explica que tarden en denunciarlas por miedo, por dependencia económica o emocional, o porque están en 'shock' La norma ataca el ancestral encubrimiento estableciendo la obligación de denunciar al cónyuge o a cualquier familiar del que se sepa que ha cometido un delito grave sobre un menor, exigencia que se extiende a los profesores y al resto de profesionales que estén en contacto con niños y jóvenes, y endurece los requisitos para conceder la semilibertad o permisos carcelarios a condenados por estos delitos. También acuerda que el menor solo prestará declaración una vez ante el juez, que luego servirá de "prueba preconstituida" a lo largo de todo el proceso y el juicio, lo que evitará el miedo del niño a la revictimización.

Hay otras dos medidas pensadas para los padres maltratadores. La primera es la obligación de retirar la patria potestad a los parricidas y filicidas y la segunda la suspensión de oficio del régimen de visitas al padre contra el que se dicte una orden de protección y sus hijos conozcan su violencia o la sufran. La ley también prohíbe el llamado síndrome de alienación parental, el prejuicio del juez que no escucha a los hijos en casos de custodia porque cree que están envenenados contra el padre por la madre. De hecho, manda más bien lo contrario. Todos, jueces o trabajadores públicos, tendrán la obligación de escuchar lo que tengan que decir los menores en todos los procedimientos que les conciernan.

Ciberdelitos El texto crea nuevos delitos para perseguir a los que a través de medios tecnológicos o de comunicación promueven el suicidio, la autolesión o la anorexia entre los menores y establece un canal específico para la retirada rápida de internet de cualquier contenido que atente contra la intimidad de un joven. Cada escuela e instituto deberá tener un coordinador de protección que se responsabilizará de que funcionen y se actualicen los protocolos contra el 'bullying', el acoso, los abusos o las agresiones, y en las actividades deportivas y de ocio también tendrá que existir un "delegado de protección" con tareas similares. Prohíbe la publicidad que propague conductas violentas o estereotipos sexistas, racistas u homófobos y se exigirá un certificado de carencia de antecedentes por delitos sexuales para ejercer cualquier actividad que tenga un contacto habitual con jóvenes.

La 'ley Rhodes' incluye una nueva regulación de los delitos de odio, que aprovecha para meter en el Código Penal la aporofobia, la aversión o discriminación a los pobres. La nueva normativa, además de la aporofobia, incluye dentro de estos tipos de odio la exclusión social y la edad, bien sea niñez y juventud o vejez, como causa de discriminación.

Entre las decenas de enmiendas rechazadas en comisión por los socialistas hay una, defendida entre otros grupos por Unidos Podemos y ERC, por la que se pretendía prohibir la presencia de menores en plazas de toros y en escuelas de tauromaquia que enseñen con animales vivos.