La ley de Memoria cerrará hoy el círculo de la exhumación de Franco

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no retrasará más la aprobación de ley de memoria democrática que le dejó en herencia hace apenas diez días Carmen Calvo. El nuevo hombre clave del Gobierno, que desempeñó un papel primordial junto a la ya exvicepresidenta para exhumar los restos Francisco Franco del Valle de los Caídos, anunció nada más tomar posesión del cargo que se daría un tiempo para examinar el texto antes de incluir su aprobación en el orden del día del Consejo de Ministros.

Una semana le ha bastado para dar el visto bueno a la fórmula ideada por su antecesora para sortear los reparos puestos por el CGPJ a la prohibición de la fundación que lleva el nombre del dictador, aunque no descarta cambios durante la tramitación parlamentaria.

La nueva norma sustituirá a la aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y también declarará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El PP la considera innecesaria; Vox, revanchista, y parte de la izquierda, insuficiente. Es más, Pablo Casado anunció ayer en Ávila que en cuanto el Partido Popular llegue al Gobierno sustituirá la ley de Memoria por «una ley de Concordia que ya tenemos hecha y que solo en el preámbulo cuantifica en 16.000 millones de euros desde año 1975 lo que el Estado, no solo el Gobierno de la nación sino las autonomías, diputaciones y entidades locales, han ido dando a las familias republicanas desde que hay democracia en España». Vox aseguró que recurrirá el texto «sin verlo».

La intención del Gobierno es la expulsión definitiva de los benedictinos encargados de gestionar el Vale de los Caídos. Los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, hoy junto al altar, también serán reubicados con el resto de víctimas o en otro lugar designado por la familia.

El CGPJ advirtió de que prohibir cualquier fundación que tenga entre sus fines la apología del franquismo podía colisionar con la libertad de expresión salvo que ese enaltecimiento conlleve «una lesión de derechos o bienes de relevancia constitucional». Por eso el texto que se aprobará hoy apunta a quienes actúan «con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas o incitación al odio» serán castigados con multas de 10.000 a 150.000 euros. No retirar simbología franquista puede conllevar pagar entre 2.000 y 10.000 euros. La búsqueda de personas desaparecidas en la guerra o en la dictadura ya no corresponderá a las entidades memorialistas sino al Estado. Además, se crea el banco nacional de ADN de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo «para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares», El Gobierno no se atrevió a declarar nulos los juicios del franquismo.