Las leyes esenciales del Gobierno tropiezan por los roces entre los socios y los jueces

La obsesión de Pedro Sánchez desde que emprendió su segundo mandato en enero de 2020 no solo ha sido la obvia: agotar una legislatura que ya comenzó cuesta arriba ante el ensayo de la coalición de Unidas Podemos y la asociación con el independentismo catalán y vasco, y que se ha ido empinando lo impensable con la pandemia y la guerra en Ucrania. El jefe del Ejecutivo se ha fijado también el reto de cumplir una agenda legislativa con la que ofrecer una prueba tangible de su ambición política y de que, frente a lo que sostiene la oposición, este Consejo de Ministros no solo resiste sino que también hace. El encauzamiento de los terceros y definitivos Presupuestos de la legislatura, aun a costa de ceder a las exigencias de ERC sobre el delito de sedición, permitía al presidente ondear la bandera de la estabilidad. Una bandera que ha caído a media asta por lo problemática que se está revelando esa hoja de ruta legislativa, con epicentro volcánico esta semana en la norma del ‘solo sí es sí’.

En estos casi tres años, el Congreso más fragmentado en décadas ha aprobado 172 textos normativos: 56 leyes, 26 leyes orgánicas y 90 reales decretos esta última cifra supone un récord, que el Ejecutivo justifica en la emergencia del coronavirus y de la invasión rusa, pero en la que la oposición —y a veces también los propios socios— ve una intención de Sánchez de ahorrarse trámites y controles parlamentarios.

Esa agenda siempre ha sido un vía crucis para el Gobierno, forzado a negociar hasta la extenuación casi propuesta a propuesta. Pero la sucesión de controversias el último mes —lo que el PP denomina «escándalo sobre escándalo» mientras espera a que el presidente se despeñe— compendian el catálogo de dificultades que permea el Consejo de Ministros.

El terremoto de estos días ha llegado, de manera inopinada aunque el Ministerio de Igualdad estaba advertido —singularmente por el informe preceptivo del Consejo del Poder Judicial—, por una ley ya aprobada por las Cortes, la del ‘solo sí es sí’. El temporal ante la rebaja de las penas a agresores sexuales beneficiados, contra la intención del legislador, por la nueva norma descarga estos días en paralelo a la convulsa tramitación de otra ley estrella de ministerio de Irene Montero: la que regula y ensancha los derechos LGTBI. El controvertido proyecto que consagra la autodeterminación de género está reverdeciendo en su paso por el Congreso las diferencias de criterio entre Unidas Podemos y un PSOE muy dividido, cuando se daban por encauzadas después de que el propio Sánchez decantara el pulso apartando del Gobierno a Carmen Calvo en favor de Montero. El tercer cambio legal que ha desatado la discordia pública pasa por la proposición de ley en la que Sánchez ha descargado, a fin de evitarse los dictámenes del CGPJ y del Consejo de Estado, la supresión del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del ‘procés’ catalán. Y, con ella, una eventual y compleja atenuación también de la malversación. Habituado a navegar una legislatura que se asemeja a una yincana, por decisión propia o por circunstancias ajenas, Sánchez ha logrado sortear por ahora la amenaza de cisma que acechaba a su Gobierno ante la crisis del ‘solo sí es sí’ por la vía de poner sordina a la reforma de la ley, amparar con ello a una Montero en un trance delicadísimo y dejar correr el balón cediéndoselo a la Sala de lo Penal del Supremo. Pero la agitación de la agenda legislativa del Gobierno, que introduce cambios notables en códigos tan nucleares como el Penal y el Civil y que busca aligerar la condena del Supremo por la intentona independentista de 2017, está dando lugar a un cóctel altamente inflamable.