miércoles 30/9/20

Listeria, un año de una desgracia evitable

El brote de la carne mechada de Magrudis dejó 218 afectados, cuatro muertos y cinco abortos
Investigadores del Centro Nacional de Microbiología analizan la carne mechada. CHEMA MOYA

El hastío del plácido verano de 2019 se rompió bruscamente el 15 de agosto, cuando Andalucía declaró una alerta sanitaria por listeria monocytogenes vinculada a la carne mechada de la empresa sevillana Magrudis. Con 218 afectados, cuatro fallecidos y cinco abortos se convirtió en el mayor caso de esta infección alimentaria registrado en Europa y uno de los más importantes del mundo.

Los datos descubiertos con la investigación judicial, que llevó a prisión preventiva a los responsables de compañía, dejaron al descubierto una cadena de irregularidades y evidenciaron los controles laxos en materia de empresas alimentarias. Un año después, desde Facua-Consumidores en Acción son claros respecto a si se ha aprendido la lección: «No se han acometido las reformas al nivel que tocaban».

Junto con la salmonela, la listeriosis es una de las infecciones alimentarias más comunes. De hecho, la tendencia de casos en todo el mundo es al alza, y raro es el año en el que no se detecta un foco, generalmente de pocas personas y casi siempre en el entorno familiar. Sin embargo, la listeria provoca terror en los servicios sanitarios por cuanto la bacteria es difícil de detectar en los productos contaminados, ya que no cambia su sabor o su olor y, además, es capaz de sobrevivir en temperaturas extremas, especialmente en ambientes refrigerados como la nevera. Por si fuera poco, su capacidad de incubación alcanza los 70 días, lo que complica la identificación de cualquier foco, el primer paso para resolverlo.

BATALLA POLÍTICA

Pese a estos elementos, el coordinador del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, Nicola Lorusso, subraya que la capilaridad de la red andaluza permitió situar rápidamente el origen en la carne mechada de Magrudis. La misma red que permitió fajarse en los rastreos tan conocidos ahora por el coronavirus. «Se detectó muy rápido, y la respuesta fue temprana, en pocos días ya no había casos nuevos, salvo los de gente que ya lo había consumido, y el producto se había retirado del mercado», señala. «Fue un accidente muy grave que no refleja la generalidad de los casos».

Esa atención temprana, como subrayó en su momento la Junta, contribuyó a alcanzar la menor tasa de mortalidad (1,4%) frente a brotes similares del resto del mundo, donde rondó el 20%. La clave en ese sentido fue la adopción de nuevos protocolos en atención primaria y hospitalaria, que contaron con el beneplácito de numerosas sociedades médicas, y un tratamiento inmediato. De hecho, se controló a todas las embarazadas andaluzas en aquel momento, uno de los colectivos más vulnerables, y cerca de 2.000 recibieron antibiótico de forma preventiva. Además, se recurrió a la biología molecular para identificar otras cepas de toxiinfecciones en esos días y poder vincular casos al foco de Magrudis, evitando de forma más rápida que hubiera nuevos afectados.

Los expertos, sin embargo, cuestionaron esa rapidez, por cuanto en julio ya se detectó un aumento de intoxicaciones alimentarias.

La batalla política estaba además servida, ya que en los primeros compases del brote la Junta de Andalucía alabó a Magrudis, origen del foco, como «una empresa ejemplar y colaboradora».

La investigación judicial, que llevó a prisión preventiva durante seis meses a los dos dueños de la empresa, José Antonio Marín (gerente), y su hijo Sandro (administrador) por delitos contra la salud pública y tres homicidios por imprudencia grave, y los datos desvelados por Facua, se encargaron de tirar por tierra esas afirmaciones.

Según se demostró posteriormente, en febrero de 2019 la empresa ya conocía que sus productos estaban contaminados desde al menos Navidad, pero no paró la producción ni avisó a las autoridades sanitarias para retirarlos del mercado. Incluso trataron de ocultar el listado completo de productos que distribuían, de forma propia o con marcas blancas, Los informes toxicológicos confirmaron que la carne contaminada superaba entre «3.700 y 149.900 veces la contaminación máxima tolerable» de esta bacteria.

SIN LICENCIA

El elemento más llamativo, no obstante, es cómo se pudo llegar a ese punto, sobre todo teniendo en cuenta que Magrudis inició su actividad sin licencia y durante cinco años fabricó y vendió sus alimentos procesados sin cumplir los requisitos administrativos, desde una nave clandestina en un polígono que reformó también sin permiso.

Para Rubén Sánchez, portavoz de Facua, no funcionaron ni los controles del Ayuntamiento de Sevilla ni los de la Junta de Andalucía.

«Las pocas inspecciones que se hacían no se hicieron bien, como prueba que una veterinaria municipal (encargada de las inspecciones) esté imputada en el caso», subraya.

Esta imputación por prevaricación, de prosperar, conllevaría que el ayuntamiento podría ser declarado responsable civil subsidiario y asumir las indemnizaciones para los afectados, de los que 90 están personados con Facua. «Y hay muchos más afectados, pero la Junta no realizó análisis a muchas personas que presentaron síntomas similares, con lo que no se les puede vincular con el brote de Magrudis», aclara.

Los especialistas en enfermedades infecciosas apuntaron que el brote debería servir para revisar las medidas de seguridad alimentaria. Pero Sánchez lamenta que, pese a las irregularidades demostradas por Magrudis, que fio todo a sus autocontroles, «la tendencia es precisamente a avanzar en la autorregulación de las empresas alimentarias, dejando en sus manos los controles tanto en número como en calidad». Y lamenta que, por ejemplo, no se hayan puesto en marcha protocolos municipales para mejorar las inspecciones a empresas de este sector o que tampoco se haya modificado la ley de seguridad alimentaria «para incluir seguros de responsabilidad civil acorde al volumen de negocio».

«No se quiere aprender la lección ni tener el mercado más controlado», zanja.

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