viernes 21/1/22

El periplo europeo de Carles Puigdemont y de sus consejeros huidos desde la intentona secesionista del ‘procés’ de otoño de 2017 han llevado a la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) a la portada de todos los informativos. Ver cómo que el expresidente catalán esquivaba una y otra vez su entrega a España —ya fuera desde Bélgica, desde Alemania o desde Italia— a pesar de la vigencia de las órdenes contra él también ha desatado los recelos y las suspicacias de la ciudadanía frente a este procedimiento que no se acaba de entender demasiado bien.

Pero lo cierto es que este mecanismo de cooperación judicial internacional entre los 27que la aventura de Puigdemont ha puesto en cuestión, en realidad, a nivel general viene funcionando con bastante éxito desde su puesta en marcha en 2002. Esta herramienta, según la cual cualquier estado miembro debe entregar a otro a la persona que reclame si el delito que se le imputa existe en ambos ordenamientos, tiene resultados pobres. Y es que España, a pesar de ser uno de los estados más cumplidores a la hora de ejecutar las peticiones de sus socios, no es, ni mucho menos, uno de los estados más beneficiados por el uso de este mecanismo.

Las estadísticas son incontestables. En 2019, últimos datos oficiales de la UE, España arrestó en su territorio a un total de 909 individuos requisitoriados por OEDE, una cifra que en toda la Unión solo superó Alemania con 1.590 personas. España se situó en arrestos muy por delante de otros países de referencia y con mayor población como Francia (621) ó Italia (375).Pero esta eficacia nacional no parece tener recompensa. En 2019, España emitió 665 euroórdenes, de las que 506 eran con petición expresa de arresto. Ese año, últimos datos disponibles, los tribunales nacionales solo consiguieron la entrega por OEDE de 135 huidos, menos de la quinta parte de los expedientes abiertos.

La mala suerte de España con las euroórdenes