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Marchena no formará parte del tribunal que juzgue a Puigdemont en el Supremo

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mateo balín | madrid

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, alertó ayer de la «difícil situación» en la que se encontraría este órgano en el caso de tener que juzgar a otros acusados en la causa del procés independentista en Cataluña. Se refería el magistrado, sin citarlo, a los procesados en rebeldía, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, con una orden europea reactivada por los delitos de sedición y malversación de detención y entrega. La razón es que 13 de los 15 jueces que integran la Sala Segunda ya han tenido relación con este asunto en sus fases de instrucción o enjuiciamiento, por lo que estarían «contaminados», según fuentes jurídicas.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial para presentar el proyecto para renovar el cargo por otros cinco años, Marchena apuntó que a los siete magistrados que han integrado la Sala del procés hay que sumar al instructor, Pablo Llarena, así como a los tres magistrados de la sala de recursos durante la instrucción, otro magistrado que sustituyó a uno de ellos que se puso enfermo, y la juez Carmen Lamela, que instruyó en la Audiencia Nacional la causa contra el exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero, para el que la Fiscalía pide 11 años de prisión.

Marchena añadió en su exposición que, aunque quizá anticipa un debate jurisprudencial sobre este asunto, existe doctrina del Tribunal Constitucional que avalaría que los mismos magistrados que vieron la causa contra el exvicepresidente Oriol Junqueras y los otros 11 líderes independentistas ya sentenciados pudiera enjuiciar a los huidos.

Pero lo cierto, subrayó, es que esta circunstancia sitúa a la Sala de lo Penal del Supremo en una «situación difícil». «En otro tipo de juicio quizá esto pueda resolverse, pero habrá que estudiarlo al tratarse en este caso de magistrados que han valorado a 500 testigos, 12 acusados, metros cúbicos de papel y que podría tener que volver a enjuiciar hechos similares con distintos protagonistas.

«Todo esto nos sitúa en una situación difícil», explicó ante los vocales de Consejo y su presidente, Carlos Lesmes, para añadir que aún desconoce si la solución podría pasar por sustituciones u otro modelo. No obstante, las fuentes consultadas señalan que la Sala se tendría que integrar con magistrados del Supremo de otras jurisdicciones (Social, Civil, Contencioso-Administrativa y Militar).

Filtración de la sentencia

Marchena no eludió durante su examen la polémica por las filtraciones de la sentencia, y tuvo que admitir que es «un mal al que hay que hacer frente», aunque quitó hierro a lo sucedido. La resolución era, dijo en términos cinematográficos, «un oscuro objeto de deseo». «Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder», dijo el presidente del tribunal del juicio del procés .

El magistrado eximió de toda culpa a los periodistas -sería «absurdo» pedirles que no difundieran una información de ese calado si acceden a ella- y, tras precisar que no quería minimizar la «gravedad» de lo ocurrido, destacó que la sentencia como tal, con su conjunto argumental, no se filtró, algo que le tranquiliza. A su entender, en los medios primero hubo «pronósticos» y después «informaciones más correctas y exactas» elaboradas a partir de datos obtenidos de distintas fuentes, a veces de comunicaciones informales

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