Marlaska niega que pidiera a Pérez de los Cobos el informe del 8-M
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que nadie de su departamento ni de la dirección de la Guardia Civil pidió al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid Diego Pérez de los Cobos, cesado esta semana, el informe sobre el 8-M que se entregó al juzgado.
Marlaska ha querido dejar claro que la Guardia Civil, con su directora al frente, María Gámez, ya trabajaba en la reestructuración de la cúpula del cuerpo antes de la pandemia del coronavirus y ha enmarcado esos cambios y ceses en la libre designación de los cargos de confianza. «Tenemos muy claro lo que es la función pública, que debe caracterizarse por la competencia, la imparcialidad, la neutralidad y la comunicación entre la gente que interviene. Y en la no injerencia», ha enfatizado.
No ha respondido el ministro en su primera intervención a cuestiones concretas, como si el cese tenía que ver con el informe de la Guardia Civil sobre el 8M y su posible relación con la propagación del virus, entregado al juzgado, o si Gámez o él mismo llamaron a De los Cobos el domingo para que les entregara el informe. Y ha sido al final cuando ha respondido tajante. «Ni este ministro, ni nadie del Ministerio ni de la Dirección General de la Guardia Civil ha solicitado al señor Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe». «Cuando se forman equipos, hay libre designación», ha continuado Marlaska, quien ha indicado que, cuando esos cambios los hace el PP, es «eficacia, es eficiencia», pero, si los hace el PSOE, «se ve algo extraño».
Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, en la causa por la que le investigan por permitir la marcha feminista del 8 de marzo, ha reprochado a la juez instructora Carmen Rodríguez-Medel que devuelva su informe al médico forense con el «afán» de poder volver a imputarle el delito de lesiones imprudentes.
La Abogacía ha presentado un recurso contra la decisión de remitir de nuevo la causa al forense al considerar que es «innecesario, inútil e impertinente» en relación al presunto delito de prevaricación que se investiga.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 de Madrid acordó el 23 de marzo investigar a Franco por el delito de prevaricación administrativa, por el que fue denunciado por un particular, y por el delito de lesiones imprudentes, que posteriormente fue descartado tras recibir el informe encargado al médico forense adscrito al juzgado.
El perito descartó la «relación de causalidad» entre acudir a una concentración multitudinaria y los contagios por coronavirus. Por esta conclusión, la juez Rodríguez-Medel acordó retirar la imputación por lesiones imprudentes y continuar la investigación por una presunta prevaricación administrativa. No obstante, el perito añadió un último párrafo en su informe que decía que «lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad».