domingo. 14.08.2022

El mayor golpe contra el tráfico de armas se queda en pólvora mojada

El juez ‘desmonta’ las acusaciones de Interior contra los dueños de Cantábrico Militaria
                      El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. MARTIN DIVISEK
El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. MARTIN DIVISEK

La RAE define bluf como un «montaje propagandístico destinado a crear prestigio que posteriormente se revela falso». Con esta premisa, el supuesto mayor golpe contra el tráfico de armas de la historia reciente de España ha acabado por convertirse en uno de los mayores blufs de la historia del Cuerpo Nacional de Policía. Cinco años después de la denominada ‘operación Portu’, el macro operativo de la Comisaría General de Información en la armería Cantábrico Militaria de Getxo en enero de 2017, todo ha quedado en nada a pesar de las gravísimas acusaciones que el Ministerio del Interior vertió contra los dueños del negocio, que acabaron pasando tres meses en prisión preventiva mientras los peritos policiales intentaban, sin éxito, encontrar una sola arma en situación irregular entre el formidable arsenal intervenido.

Finalmente, fueron 10.622 las piezas incautadas. Pero todas y cada una de ellas inutilizadas de forma legal, catalogadas como armas antiguas al resultar anteriores a 1890 o con una acreditada carga histórica que incluso las ha llevado a ser prestadas para exposiciones sobre la Guerra Civil.

La pesadilla para los dueños de Cantábrico Militaria acabó el pasado enero cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo dictó el sobreseimiento libre de la causa, tras hacer suyos los argumentos de la Fiscalía de que la «colosal operación policial» había sido «desbaratada punto por punto» por los peritos de las defensas.

Bodegón en un hangar

Nada de nada de las acusaciones judiciales de tráfico, depósito y tenencia ilegal de armas. Pero tampoco nada de nada de los altisonantes comunicados del Ministerio del Interior, la Moncloa e Interpol en los que se anunció el 12 de enero de 2017 la «desarticulación de una organización criminal a la que se han incautado miles de armas de guerra listas para su venta en el mercado negro internacional a grupos terroristas y delincuencia organizada».

Todavía en marzo de 2017, y con los dueños de Cantábrico Militaria aún en prisión, la Policía Nacional, que nunca quiso llevar sus investigaciones ante la Audiencia Nacional a pesar de la supuesta envergadura del golpe y de los supuestos vínculos con el terrorismo y el crimen organizado, montó en un hangar de Vizcaya una exposición de unas armas que, insistía, eran «fácilmente reactivables», por lo que tenían una «fácil salida al mercado negro».

Dos meses después de que se desatara las ‘operación Portu’, Interior reiteraba que los más de 9.000 cetmes, el otro millar de fusiles o las innumerables pistolas y revólveres estaban listos para su «reparación y transformación en armas de fuego». 450 granadas rompedoras de mortero y munición fueron mostradas a la prensa en unos ‘bodegones’ con aire a conflicto armado, en los que, sin embargo, no se mostraron los «cacharros», las piezas de museo o de coleccionista, algunas del siglo XIX e imposibles de ser usadas. Y menos en un atentado terrorista.

Armas sin resucitar

Para entonces, según reconocen algunos de los operativos que participaron en aquel dispositivo, habían surgido enormes dudas: todos los fusiles tenían sus respectivas partidas de inutilización; no se había encontrado una sola pieza ilegal para ‘resucitar’ armas (las denominadas piezas fundamentales); todos los cañones, como marca la ley, estaban perfectamente agujerados e imposibles de recuperar sin una maquinaria que solo existiría en la propia fábrica. Pero alguien, en la Comisaría General de Información optó por una «huida hacia adelante» a pesar de las evidencias, según coinciden en señalar diversas fuentes del caso. La táctica de la Policía, consciente de que todo el golpe estaba quedando en pólvora mojada, fue tratar de buscar pruebas de que las armas podían llegar a reactivarse a través de interminables peritajes. Pero ya conocían el historial de esas piezas, porque su trayectoria era bien conocida. Muchas de esas armas habían servido como atrezo en producciones como El Laberinto del Fauno, 23 F, Fuego, Lasa y Zabala, Los Últimos de Filipinas o Gernika. Otras eran joyas conocidas por todos los coleccionistas, como espadas japonesas de la batalla de Cagayán de 1582 -en la que los tercios españoles se enfrentaron a samuráis en Filipinas- o una pistola del presidente de la Segunda República Manuel Azaña.

La justicia ordenó en 2021 que las armas fueran devueltas. Pero ni aun así la Comisaría General de Información tiró la toalla. Los agentes se quedaron con nueve de las 12.000, insistiendo en que, al menos esas, sí que eran ilegales. También esa batalla la perdió la Policía. Los informes periciales zanjaron que esas piezas eran, asimismo, antiguas o inutilizadas. El ‘bluf de la ‘operación Portu’ se había completado.

El mayor golpe contra el tráfico de armas se queda en pólvora mojada
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