jueves 26/5/22
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Luis Medina, uno de los comisionistas, a su salida del juzgado. LUCA PIERGIOVANNI

El juez de Madrid que instruye el llamado 'caso mascarillas', Adolfo Carretero, ha impuesto medidas cautelares a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño tras su declaración. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 acordó, a petición de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid, la retirada del pasaporte de ambos investigados por percibir 5,6 millones de comisión por un contrato de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.

También les impuso comparecencias quincenales en la sede judicial para evitar el riesgo de fuga. En su corta declaración ante el juez, Medina y Luceño señalaron que no solo no hicieron nada ilegal, sino que el proveedor malayo fue quien acordó la letra pequeña de sus millonarias gratificaciones. Ambos afirmaron que el empresario asiático San Chin Choon fue la persona que impuso los sobrecostes de entre el 60% y el 80% que se aplicaron a las mascarillas, los guantes y las pruebas diagnósticas de la covid-19, que llegaron al consistorio en plena primera ola de la pandemia, en abril de 2020. Según la declaración íntegra de los investigados, a la que ha tenido acceso este periódico, ambos coincidieron en su estrategia de deslizar la responsabilidad del suministrador, que de momento no ha querido colaborar con el juzgado.

"La comisión la paga el vendedor. Se firma un acuerdo de confidencialidad que te prohíbe decir nada. En cualquier operación de compraventa nunca se dicen las comisiones. Luceño llegaría a un acuerdo con Leno (la mercantil que vendió el material sanitario)", dijo Medina al juez. "Fue una operación limpia con el Ayuntamiento de Madrid. En cinco días se hizo el contrato. Yo no puse el precio (de la comisión). Lo hizo San Chin Choon, el suministrador. No sabía lo que iba a ganar hasta que se cierra la operación. Me llevé el 47%, que en nuestro trabajo es un porcentaje normal", explicó Luceño en su comparecencia.

"Bróker de materias primas"

Medina, que se presentó ante el juez como un "bróker de materias primas, carne, alimentación o minería" y que antes de este contrato nunca había trabajado con material sanitario, confirmó que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida. Se trata del abogado Carlos Martínez-Almeida, a quien Medina llegó a través de una amiga en común con el letrado, María Díaz de la Cebosa, directora de una universidad privada. Al letrado, afirmó el investigado, "no lo conocía de nada" pero le llamó porque imaginó que al ser primo del alcalde "me podría dar un contacto con el ayuntamiento".

Este colaboró y le dio un mail de la funcionaria Elena Collado, responsable de compras del consistorio. Y a partir de ahí, relató, se empezó a gestionar la polémica adjudicación del material sanitario. El juez ha interrogado a los comisionistas por la presunta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el caso de Medina, se le investiga también por un presunto alzamiento de bienes, que él rechaza porque -dijo- "el fiscal nunca me dijo que tuviera prohibido disponer de ese dinero ni que fuera delictivo". "No tengo intención de defraudar y no tengo un solo euro en el extranjero", concluyó.

La amistad entre Medina y Luceño data de 2018. Siempre en el mundo de las materias primas y con red de contactos en China, pero tras estallar la pandemia se les ocurrió "a ambos" la posibilidad de proveer al Ayuntamiento de Madrid de material sanitario después de que los suministradores les empezaran a llamar.

"El facilitador y el agente"

Medina hizo las veces de "facilitador, de mandatario", según Luceño, y este de "agente comercial" entre la mercantil malaya Leno (proveedor) y el consistorio madrileño a través de la funcionaria Elena Collado. Luceño contó al juez su relación con la empleada pública, que declarará como testigo en mayo. Confirmó el episodio de la partida de guantes que hubo que devolver por su mal estado, una circunstancia que fue comunicada al suministrador asiático. "Elena (Collado) me dijo que nos estaban estafando y yo me enfadé con ella. Después me dijo que la sensibilidad de los test rápidos era buena y al mes y pico me advirtió de que estaba fallando uno de los lotes. Devolvimos unas 70.000 unidades. Sobre los guantes, me explicó que había visto algunos más baratos en el supermercado y yo le respondí que era imposible. Mi intención era ayudar al ayuntamiento y cobrar por mi trabajo", declaró.

Sobre la falsedad documental imputada por el juez, Luceño defendió que ningún documento presentado ante el banco fue falso, que "solo hay una errata en la fecha", y que las firmas son efectivamente las de Medina y del empresario San Chin Choon. Por el contrario, el fiscal recogió en su querella que esas firmas estaban "falsificadas". Respecto a la atribución del delito blanqueo de capitales, Luceño explicó que él tiene unos gastos anuales de unos 330.000 euros, que hasta la fecha vivía en un piso de alquiler con opción a compra y que su nivel de vida es "medio-alto" (ganaba entre 3.000 y 7.000 euros al mes). Dijo que la adquisición de los 12 coches de alta gama con los 4,6 millones de la comisión formaba parte de un negocio de alquiler para jóvenes de entre "18 y 21 años"; para su uso en el circuito de velocidad de Jarama, en Madrid, pero que "incurrió en muchos gastos porque el mercado no tenía estabilidad". Al finalizar su declaración, Luceño depositó dos relojes para que se sumen a la fianza civil impuesta y aseguró que tiene en la joyería un Cartier que también facilitará. En total, se gastó 42.000 euros en estos artículos con el importe de la comisión. 

Medina y Luceño echan la culpa al proveedor chino de mascarillas
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