La mesa de diálogo fractura antes de tiempo a un Govern con fecha de caducidad

La lógica política diría que lo que ha pasado esta semana en el Govern catalán debería ser motivo más que suficiente de divorcio entre los dos socios y de ruptura del Ejecutivo. ERC y Junts no solo discrepan en el modelo social y económico, como se ha visualizado con las posiciones contrarias en el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat —que apoyan los de Carles Puigdemont y rechazan los de Oriol Junqueras—, sino que chocan en lo importante, la agenda soberanista, por la que en teoría se siguen aguantando.

El intento de Junts de reventar la mesa de diálogo, la negociación más importante para Cataluña en 40 años, según Aragonès, ha dejado al Govern tocado, pero de momento no hundido, aunque cueste entender que los dos socios de un gobierno no vayan nuntos en el que se supone es el proyecto bandera de la legislatura, al menos para el presidente de la Generalitat.

Pere Aragonès no puede disolver la Cámara catalana hasta un año después de las elecciones (febrero de 2022), pero sí puede remodelar su Ejecutivo y gobernar en solitario. La salida de Junts ha estado sobre la mesa esta semana. No se ha descartado nada, según apuntan fuentes republicanas.

El Gobierno en solitario, de hecho, fue una de las opciones que contemplaron los republicanos cuando veían que el acuerdo de investidura se resistía con los de Puigdemont. A la vista de las turbulencias, el PSC y los comunes no han tardado en llamar a la puerta y ofrecerse como socios alternativos.

Pero con el paso de los días, el calentón se ha ido templando y la voluntad es intentar reconducir la situación (Aragonès lleva poco más de cien días al timón), aunque unos y otros ya se han tomado la matrícula y se preparan para la próxima. Que la habrá, porque se tienen ganas desde hace años. Todo depende de la actitud que adopten los de Junts con la mesa de diálogo. Si continúan intentando dinamitarla, Aragonès tendrá un serio problema. El martes, les sacó tarjeta amarilla y les dejó fuera de la reunión con el Gobierno. Si no rectifican, la segunda será roja, expulsión. Diez años después del inicio del procés ERC y Junts siguen juntos por la misma razón por la que Puigdemont no fue capaz de dar marcha atrás en octubre de 2017: nadie se atreve a aparecer como el culpable de la ruptura independentista. Más aún en este momento, cuentan con 74 diputados sobre 135 y por primera vez superaron el 50% de los votos (aunque la participación fue del 53%). Las acusaciones entre unos y otros son cada vez más gruesas. Los de Puigdemont, a ojos de los republicanos, no aceptan haber perdido la Presidencia de la Generalitat y son desleales; los posconvergentes, por su parte, acusan a Aragonès de aceptar la tutela de Pedro Sánchez, de compartir intereses con el presidente del Gobierno, temen que la relación entre socialistas y republicanos se consolide más allá del Congreso y que busque su aislamiento político. Advierten de que ERC está preparando la rendición del secesionismo. En Esquerra atribuyen a Junts las pitadas y los insultos.