Diario de León

Seis meses de desencuentros entre el presidente del Gobierno y Casado

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Hace seis meses, un 14 de marzo, el presidente del Gobierno declaró el estado de alarma ante la pandemia del coronavirus. Una crisis nacional que, sobre el papel, debería haber acercado a Gobierno y oposición. Medio año después, la sima no ha hecho más que ahondarse. El inicio del curso parlamentario ha certificado que nada ha cambiado en la política española. Ni la peor pandemia que ha vivido el país en los últimos cien años ha suavizado el enfrentamiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Las dos veces que Pedro Sánchez y Pablo Casado se han reunido en este tiempo -una por videoconferencia y otra en la Moncloa hace apenas diez días- han podido constatar que sus desencuentros son crecientes.

El primero, sobre la renovación de los órganos constitucionales que permanecen desde hace años en funciones, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. La negativa del PP a abordar la composición de las instituciones con el argumento de que Unidas Podemos cuestiona el «régimen constitucional» se lee en la Moncloa como síntoma de una «actitud obstruccionista».

En el Ejecutivo califican de «excusas» los recelos de los populares respecto a la formación morada y advierten de la solidez de la coalición. Es el socio de Gobierno y así va a seguir. Según el presidente, porque «Podemos cumple la Constitución y el PP, no». El líder de la oposición ha censurado en todo momento las alianzas de Sánchez y que haya convertido a Pablo Iglesias, «que decía que había que iniciar un proceso constituyente», en el sostén del Gobierno, y a Oriol Junqueras, «que desde la cárcel le hace sentarse en una mesa por la autodeterminación».

Las relaciones entre ambos se han visto enrarecidas también por la sintonía del PSOE con los independentistas catalanes, que en Génova interpretan como una cesión. Desde su desembarco en la Moncloa, el socialista ha afirmado que la única vía para abordar el conflicto territorial catalán es «la solución dialogada». Bajo esa premisa y para posibilitar la abstención de ERC en su investidura, Sánchez acordó poner en marcha una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. La única reunión de la mesa se celebró en febrero, antes del inicio de la crisis del coronavirus. La siguiente cita del foro estaba prevista para julio, pero no será hasta este mes cuando se cierre la fecha.

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