El ministro de IU une a las derechas en una ofensiva política
Si la reforma laboral o las próximas elecciones en Castilla y León han alentado las disensiones entre el PP, Vox y Ciudadanos, las palabras de Alberto Garzón sobre las macrogranjas han servido para aparcar sus diferencias y aunar fuerzas para reclamar su destitución.
Las tres formaciones registraron ayer en el Congreso una iniciativa para reprobar al ministro de Unidas Podemos y obligar al PSOE a retratarse. «No está a la altura de lo que España necesita y merece», aseveró la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra.
La reprobación, insisten los populares, no es por la polémica, sino por el daño que ha hecho el titular de Consumo al sector agroalimentario y al ganadero, con unas declaraciones en las que se ha ratificado y que dejan «a la altura del barro» la imagen de España. «Solo hay una salida -recalcan-, que sea cesado».
En la formación conservadora acusan al presidente del Gobierno de eludir ese paso para mantenerse en la Moncloa.
«Prefiere mantener a ministros que atacan a la economía antes que tener una discusión con sus socios», aseguró Gamarra, criticando que Pedro Sánchez no ejerza su prerrogativa de destituir a miembros de su gabinete «porque ha decidido que o no quiere o no puede ejercerla».
Ciudadanos coincide con el PP en que no puede admitirse que un ministro perjudique la imagen exterior del país y tachan a Garzón de «populista, dogmático y sectario». «Es una broma que la defensa del sector la realice Sánchez pidiendo chuletón al punto», lamentó el vicesecretario general Edmundo Bal.
Vox, por su parte, arremetió contra la trayectoria del ministro de Podemos que se ha caracterizado «tanto por su escasa actividad como por la realización de una serie de manifestaciones y campañas contrarias a sectores estratégicos para España».
NO A UNA MACROGRANJA
Mientras el Partido Popular pide la reprobación de Garzón en la Cámara baja, el Ayuntamiento de Daimiel, gobernado por los populares, aprobó ayer un cambio en el plan de ordenación municipal para impedir la instalación de una macrogranja que había solicitado el permiso. Los conservadores aseguran que ellos respaldan tanto la ganadería intensiva como la extensiva y «el equilibrio entre ambas» y denuncian que quienes pretenden defender al titular de Consumo «tergiversan» sus declaraciones.