lunes. 03.10.2022

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que prepara el Gobierno apunta a que las autoridades podrán prorrogar hasta medio siglo la prohibición de acceder a las materias más reservadas que comprometen la seguridad nacional. En la actualidad, basándose en esa normativa franquista, el Ejecutivo puede mantener ‘sine die’ en secreto cualquier materia cuya divulgación pueda dañar gravemente los intereses del Estado.

No obstante al avance que supone fijar un límite temporal para obligar a la desclasificación, el borrador que desde el pasado julio está coordinando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, situaría a España en el rango de países occidentales más restrictivos con el acceso a los asuntos sensibles, muy por encima, incluso, de Estados Unidos que permite la desclasificación de expedientes altamente confidenciales a partir de los 25 años.

Precisamente el horizonte máximo de 25 años para la desclasificación era el que defendía PSOE cuando estando en la oposición enmendó la propuesta del PNV, la formación que desde 2016 viene presionando de manera reiterada para derogar la vieja normativa de la dictadura y aprobar un texto similar al del resto de los países de la Unión Europea y buena parte de los miembros de la OTAN. Los nacionalistas vascos, en su proyecto -que ha sido ignorado tanto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy como por el de Pedro Sánchez- abogaban por mantener el secreto solo entre 10 y 25 años, dependiendo el tipo de información a desclasificar.

Finalmente, los socialistas, tras la llegada al Gobierno, se han inclinado por los plazos que desde el inicio mantuvo el PP, los de impedir la divulgación de las materias más sensibles para la seguridad durante un período que se movería entre los 25 y los 50 años. No obstante, en la Moncloa recuerdan que el texto de Bolaños es todavía un borrador, que ni siquiera ha sido discutido con los socios de Gobierno de Unidas Podemos. Aun así, la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es aprobar la nueva ley en algún momento de 2022, según los cálculos que hacía la exvicepresidenta primera Carmen Calvo, que hasta la crisis de Gobierno del pasado verano coordinó a los expertos de Interior, Defensa, Exteriores y Economía que trabajan en el proyecto.

El punto que menos controversia plantea es la necesidad perentoria de que España homologue ya con los países de su entorno (particularmente con los de la Otan y del espacio Schengen) los niveles de protección de la información. La idea sobre la que no hay discusión es que debe haber cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido.

La Moncloa quiere blindar durante al menos medio siglo los secretos de Estado
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