Moreno evita la prisión tras pagar seis millones con avales hipotecarios

El productor audiovisual José Luis Moreno, detenido la semana pasada en la operación Titella, evitó ayer su ingreso en prisión preventiva tras pagar sobre la bocina la fianza impuesta por el juez con avales hipotecarios. La defensa presentó garantías por valor de seis millones de euros una hora antes del límite marcado y después de que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Ismael Moreno, aceptase esta fórmula de pago en lugar de avales bancarios o dinero en metálico.

La presentación de garantías hipotecarias supuso que Moreno tuviera que respaldar el doble de la cantidad que se le había señalado inicialmente, tres millones de euros, según fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dentro de la trama que investiga un supuesto fraude societario superior a los 50 millones, el productor televisivo y el que sería su socio en esta presunta «organización criminal», Antonio Aguilera, están imputados por delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo, contra la Hacienda Pública e insolvencia punible.

Ambos fueron arrestados la semana pasada en una macrooperación de Policía Nacional de Madrid y Guardia Civil de Barcelona, que terminó con 47 detenidos en varias ciudades y con registros en viviendas y empresas.

La investigación comenzó en 2018 a raíz de las denuncias de varios bancos, en las que se manifestaba que la trama había conseguido defraudar más de 1,3 millones abusando de la operativa financiera.

El juez apunta en un auto, además, la existencia de una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades: desde el fraude y la estafa a entidades bancarias e inversores privados hasta la fabricación de efectos bancarios como cheques y pagarés.

«Ligada directamente» a esta organización, añade el instructor, habría otra supuestamente liderada por Carlos José Brambilla y dedicada al tráfico internacional de drogas. Esta segunda usaría a la primera para blanquear el dinero obtenido a través de un intermediario que el magistrado identifica como Gerardo Mauricio García Quintero.

El productor como «tarjeta de visita» El grupo funcionaría perfectamente jerarquizado con Moreno y Aguilera como «máximos responsables» y Antonio José Salazar como tercero en acción.

Cada uno tendría una función específica. El productor de televisión, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingieron necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».

Para el juez, «queda más que demostrado el enriquecimiento personal del productor, a la vista de las numerosas transferencias que se envían a sus cuentas personales». Su operativa estaría enfocada a inversores privados y a repatriar el dinero desde el extranjero por transferencia bancaria, utilizando para ello empresas interpuestas con sede en Madrid y Marbella, movimientos que después justificaría con «facturas falsas de alquileres, gastos y prestación de servicios».