La nueva ley de bienestar animal sanciona más el maltrato a la mascota que a la pareja

Como ya hiciera con los borradores de las leyes del ‘solo sí es sí’, trans o de vivienda, tres de las iniciativas estrella de Unidas Podemos en el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial ve también serias lagunas en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica 10/1995 contra el maltrato animal. Los jueces ven sobre todo graves deficiencias en la proporción de las penas, hasta el punto de que el nuevo texto podría llevar a la incongruencia de castigar con mayor contundencia el maltrato de una mascota como venganza a la pareja o expareja que agredir a la propia mujer de manera leve.

Y es que —denuncia el informe del CGPJ— la pena prevista para el maltrato animal cuando concurra la circunstancia agravante de haber cometido los hechos para causar daño a quien sea o haya sido cónyuge del autor es superior a la que está actualmente fijada para el delito leve de coacciones, el de amenazas leves, el de lesiones que no precisan tratamiento médico o quirúrgico o el de maltrato de obra en el ámbito de violencia sobre la mujer. En la futura ley de maltrato animal se pena con entre 3 a 18 meses de cárcel por pegar al perro pero solo con entre 6 meses a un año de cárcel si se agrede a la mujer (en ambos casos sin que haya lesiones graves).

Pero no es solo ni mucho menos la falta de proporcionalidad. La propuesta de dictamen del CGPJ llega a afirmar que el texto legislativo presentado por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra presenta «importantes problemas para conciliar la protección de los animales con la protección que también debe dispensarse a otros bienes jurídicos, como son la salud pública o el medio ambiente». La enmienda lleva en plena polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales en aplicación de las previsiones del ‘solo sí es sí’, sobre las que ya alertó el Consejo. La memoria de análisis de impacto normativo (Main) del Consejo Poder Judicial, que se debatirá en Pleno este jueves, afirma que «en más de una ocasión, la defensa de estos bienes jurídicos entrará en conflicto con la protección de la integridad física o incluso de la vida del animal vertebrado», por lo que se requerirá de una «respuesta inmediata» que no siempre contará con el respaldo de leyes u otras disposiciones, dictadas con anterioridad a la reforma, que justifiquen la conducta de que se trate.

El informe, obra de la vocal Roser Bach, pone el acento en que el borrador de la ley dice pretender acabar mediante el endurecimiento de las penas con lo que describe como «una sensación de impunidad generalizada ante el maltrato animal, con penas poco efectivas ante dichas acciones y carentes de efectos disuasorios». Sin embargo, en realidad el articulado «no consigue lo que anuncia como primera y esencial justificación de la reforma», ya que aunque tanto en el caso de las lesiones como en el de la muerte del animal aumentan ligeramente las penas de prisión, en ambos supuestos se sigue manteniendo de modo alternativo la pena de multa.

Caza ilegal

Además, las nuevas penas propuestas por el Gobierno «colisionan» con otros delitos relativos a la protección de la flora y la fauna, según la Main. Por ejemplo, se podrían solapar el nuevo delito de «muerte intencionada de un animal vertebrado» con el delito ya existente que castiga la caza o pesca de especies protegidas, en peligro de extinción o de especies no protegidas.

Sorprende también al Poder Judicial el «confuso» uso del término «intencionadamente». Con la redacción actual no se tipifican como delito conductas que causen al animal vertebrado lesiones o muerte por imprudencia, por lo que para que la muerte de un animal vertebrado se considere delito, necesariamente debe ser dolosa. Las serias advertencias no tuvieron ningún efecto en Unidas Podemos. Su portavoz, Pablo Fernández, aseguró este lunes que la formación morada «respeta la valoración» de los jueces pero insiste en que considera el texto propuesto como una «buena ley», que además es «muy necesaria».