sábado 27/2/21

Ordenan reabrir la investigación de la ‘Caja de Solidaridad’ de Podemos

La Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que el magistrado que instruye la causa en la que se investiga la financiación de Podemos, Juan José Escalonilla, debe continuar indagando si hubo una administración desleal de la Caja de Solidaridad del partido. Esta decisión llega después de que el juzgado de instrucción número 42 de Madrid archivara esa parte de la causa en octubre.

La investigación sobre ese aspecto concreto de las finanzas partía de la denuncia realizada por el que fuera abogado de Podemos José Manuel Calvente que sugirió una presunta administración desleal de los fondos de la Caja de Solidaridad por parte del diputado Rafael Mayoral, porque no estarían siendo utilizados para los fines propios para los que se constituyó, sino para pagar a un miembro de Podemos.

Ahora, el tribunal estima el recurso formulado por las representaciones procesales de Vox y de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege contra el auto del juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que dictó el sobreseimiento de esa rama de la investigación y acuerda «la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad del partido político Podemos». En el auto, con fecha de 16 febrero y al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal señala que el resultado de las gestiones practicadas por la brigada de la policía judicial adscrita al juzgado «viene a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de un delito». Y añade la Sala que se ha constatado que una asociación —#404 Comunicación Popular— solicitó 50.000 euros a la Caja de Solidaridad del partido y que éste le transfirió 30.000 mediante tres transferencias entre octubre de 2019 y junio de 2020.

También destaca que parte de las personas que están en dicha asociación (José Martínez Coy, Diana Peinado Serrano, Francisco Javier Bermúdez Díaz, Christian Luis Navarro Marrero, Alejandro Zapico Robledo e Irene Elina Lingua) son miembros de Podemos, y que alguno de ellos tiene cargo relevante en la formación de Pablo Iglesias. Y a esto suma que el partido «no ha facilitado información sobre si concedió la cantidad de 50.000 euros».

Dada la relación de los socios con Podemos, la Sala indica que es razonable pensar que concurre «una vinculación subjetiva encubierta» entre esa asociación y el partido. Algo que podría haber sido usado por la formación «para obviar las limitaciones de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y de la Disposición Adicional Séptima» de la misma ley para operar «al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos y con perjuicio del resto de los miembros de Podemos .

Ordenan reabrir la investigación de la ‘Caja de Solidaridad’ de Podemos