Otegi pide una indemnización al Estado por su encarcelamiento
El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el exdirigente sindical Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, condenados por el caso Bateragune, reclamarán una indemnización al Estado tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia por la que cumplieron seis años de cárcel, además de la inhabilitación para cargo público.
El Supremo anuló el viernes la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada en 2012, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanoscondenase a España por la parcialidad de una jueza, Ángela Murillo. El abogado de los cinco, Íñigo Iruin, anunció ayer que presentarán una reclamación de indemnización al Estado por «error judicial».
El letrado señaló que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en el caso del «error judicial» no es necesario otra sentencia que reconozca ese error porque el fallo de ayer del Supremo ya lo hace de forma «tácita», por lo que reclamarán la «responsabilidad patrimonial del Estado» y la indemnización correspondiente. Tienen un año de plazo para hacerlo.
Iruin explicó que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo son «jurídicamente obligatorias» para los Estados pero «no ejecutivas», por lo que son los tribunales nacionales los que deben establecer cómo se aplican.
El tribunal de Estrasurgo consideró que hubo una vulneración de los derechos de Otegi al ser juzgado por un tribunal «no imparcial,» y ahora el Supremo ha declarado la «nulidad total» del proceso en la Audiencia Nacional y el propio Supremo. «No debieron ser condenados en ningún caso», sostuvo el alto tribunal.
Victoria jurídica y política
Otegi celebró «la victoria jurídica» por la anulación de la sentencia que, según denunció ayer, fue «una operación política urdida por las cloacas del Estado». Fue también, según él, una «victoria política» porque la izquierda independentista es, diez años después, «más fuerte».
La condena, afirmó Otegi, pretendía «impedir la paz en nuestro país» porque el Estado español «no tenía interés en que la izquierda independentista vasca cambiara de estrategia» y dejara de ser el brazo político de ETA.