Pedro Sánchez afronta la crisis institucional más severa de los últimos gobiernos

No ha cumplido un año, y la convivencia del Gobierno con buena parte del entramado institucional del Estado se ha convertido en un campo minado. Mantiene un indisimulado enfrentamiento con el Consejo General del Poder Judicial, la tirantez caracteriza sus relaciones con la Corona, no acierta a calmar las turbulentas aguas de la Fiscalía y el conflicto territorial ha viajado de Cataluña a la Comunidad de Madrid. Un clima que podría tener serias consecuencias políticas para Pedro Sánchez si tuviera enfrente una alternativa, pero la oposición también vive horas bajas acuciada por sus propios problemas.

Salvo alguna escaramuza, la cohabitación del Gobierno con el resto de las instituciones del Estado no ha dado pie en los últimos 40 años a grandes titulares. Pero la intensidad del enfrentamiento con la oposición, que ha colonizado todos los terrenos de la vida pública, y la primera experiencia de un Gobierno de coalición de izquierda ha envenenado esa convivencia.

Crisis con la Corona

Lo más llamativo, por lo desacostumbrado, es el enrarecimiento de las relaciones con la Corona en un momento especialmente delicado para la Zarzuela por los negocios privados del rey emérito. Unas fricciones que además no son nuevas y cuyo exponente más sensible fue el viaje de Felipe VI y la reina Letizia a Cuba, que el Gobierno decidió que se efectuara al día siguiente de las elecciones generales del 10 de noviembre. La Moncloa alegó razones de agenda para justificar la fecha, pero el hecho fue que el jefe del Estado se enteró en La Habana que en España había un Gobierno de coalición. Aquello, más algún otro roce, como el de la cumbre mundial del clima en la que el Rey apenas tuvo protagonismo, enturbió la relación.

Lo peor, sin embargo, estaba por llegar con la gestión de la Casa del Rey de las actividades financieras de Juan Carlos I y su posterior salida de España.

En la Moncloa, pese a estar informada de casi todos los pasos, no gustó. Como tampoco satisfizo la llamada de Felipe VI al presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, tras la entrega de despachos de los nuevos jueces. Un acto en Barcelona al que el Rey no acudió por decisión «colegiada», según el Gobierno, entre la Moncloa y la Zarzuela.

Ese incidente agrió más las ya pésimas relaciones entre el Ejecutivo y el gobierno de la judicatura. La renovación de esa institución está bloqueada por el PP, pero el Consejo, aun en funciones, prosigue con los nombramientos en la carrera judicial, sobre todo en el Supremo, un tribunal con notable mayoría conservadora.

La composición actual del gobierno de los jueces corresponde a otro momento político, al de la mayoría absoluta del PP tras la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones de 2011, y sus nombramientos siguen esa estela. Algo que no debería de haber ocurrido si se hubiera producido la renovación de sus vocales a partir de diciembre de 2018, cuando concluyó el mandato de sus 21 vocales.

Si es tensa la relación con el gobierno de los jueces no le va a la zaga el clima en la carrera fiscal. La decisión de Pedro Sánchez de colocar al frente del Ministerio Público a la exministra Dolores Delgado estremeció las crujías de la institución. Pero fue la inopinada irrupción de su número dos, Luis Navajas, para denunciar presiones de fiscales de la derecha para que respaldara las denuncias contra el Gobierno por la gestión de la pandemia la que afloró la sorda pugna que se libra puertas adentro. La Fiscalía siempre ha sido motivo de controversia entre el Gobierno y la oposición porque su subrayada autonomía no deja de ser un ejercicio de inocencia, que el propio Sánchez se encargó de desbaratar en noviembre pasado con un sincero desliz durante una entrevista. Esa disputa siempre se había mantenido en los cauces de las reglas del juego porque el partido en la oposición sabía que se iba a comportar igual que el gobernante cuando llegase su urno. Ahora, en cambio, se exhiben los trapos sucios sin pudor.