Diario de León

El pequeño Nicolás al tribunal: «Quería tirarme el pisto, creerme poderoso»

Se hizo pasar por un enlace de la Casa Real y el Gobierno para impresionar al presidente de Alsa

El Pequeño Nicolás ayer, entre fotógrafos. BALLESTEROS

El Pequeño Nicolás ayer, entre fotógrafos. BALLESTEROS

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

A la cuarta fue la vencida. Tras sucesivos aplazamientos del juicio contra Francisco Nicolás Goméz Iglesias, más conocido como ‘El pequeño Nicolás’, el acusado declaró ayer en la vista oral que celebra la Audiencia Provincial de Madrid por el viaje que efectuó en 2014 a Ribadeo (Lugo), en el que se habría hecho pasar por un enlace entre la Casa Real y el Gobierno para reunirse con un empresario, el presidente de Alsa Jorge Cosmen.

Recién cumplidos los 27 años, Gómez Iglesias se presentó en la Audiencia madrileña en medio de una gran expectación mediática. Estaba acompañado por su nuevo abogado, Manuel Marchena Perea, hijo del presidente de la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Ya en el banquillo, justificó que su objetivo era aparentar que era «una persona importante» para sorprender a su interlocutor, pero que en ningún caso quiso presentarse como un cargo oficial.

«Lo que yo quería era tirarme el pisto con el empresario y hacer un viaje pomposo porque, con la edad que yo tenía entonces, con esa inmadurez, lo que quería era asemejarme a los mayores, tener más poder, por así decirlo, creerme poderoso», explicó. Según el fiscal, la finalidad era ganarse la confianza de Cosmen, aunque no consta con certeza que pretendiera obtener de él un beneficio económico directo.

El del viaje a Ribadeo es el primero de los juicios a los que se enfrenta Gómez Iglesias tras su detención en octubre de 2014. En esta pieza la Fiscalía reclama siete años de cárcel y a una multa de unos 81.000 euros por delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento ocial y cohecho activo. No obstante, el acusado incidió este martes en que «nunca» pretendió fingir que era una autoridad, aclarando incluso al fiscal que le interrogaba que el cargo que le imputa, enlace entre Casa Real y Gobierno, «no existía».

Y lo sabe, explicó, porque en esta época «estaba más al corriente de la política y del organigrama del Estado».

En la misma línea, negó que usara unas acreditaciones falsas del Ministerio de Interior, que según la Fiscalía habría elaborado él mismo, para la comitiva de coches con la que se desplazó a Ribadeo, incluidos cuatro vehículos alquilados por Gómez Iglesias.

Según describió, eran un mero «folio plasticado donde ponía ‘coche uno’ y abajo la matrícula en grande». «Era lo único que ponía, no ponía nada más porque quería parecer una comitiva como las que hace la Uefa», subrayó.

Para este viaje, el joven entonces de 20 años pidió a un policía municipal de Madrid al que conocía de antes, Jorge González, que le proporcionara los medios para «aparentar el carácter ocial», como rotativos luminosos, aparatos de transmisión y pinganillos. Este agente a su vez contactó a un policía municipal de Torrijos (Toledo), Carlos Pérez.El primero recibió del ‘pequeño Nicolás’ un pago de 2.000 euros y dio a su compañero 400, según el escrito del Ministerio Público.

Al llegar a Ribadeo, fueron recibidos por un coche y dos motos de la Policía Municipal, una escolta que ‘El pequeño Nicolás’ había solicitado días antes por teléfono, identificándose como el enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real. También reservó mesas y plazas de aparcamiento en el Club Náutico, indicando igualmente que iría «una alta personalidad de la Casa Real».

Ya en el restaurante, Gómez Iglesias fue recibido por el alcalde de Ribadeo, al que se presentó como dicho enlace y con quien «departió brevemente», antes de comer con el empresario. El agente González interrumpió la comida para avisar al acusado de que tenía una llamada de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo cual era falso. Tras la comida, regresaron con la misma «comitiva» a Madrid.

Los dos policías también están acusados de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo. El Ministerio Público solicita para ellos cinco años y medio de cárcel, la inhabilitación mencionada durante año y medio, y una multa de 4.500 euros. El juicio continúa hoy.

tracking