Podemos y los aliados del Gobierno elevan más el listón de sus exigencias

Tanto los socialistas como Unidas Podemos y también los aliados gubernamentales dan casi por hecho que los Presupuestos Generales del Estado del próximo año serán los últimos de la legislatura. Una sensación no confirmada en el Gobierno, pero admitida como posible, y que se fundamenta en que 2023 será año electoral y sellar un acuerdo en ese escenario competitivo sería imposible.

Esta circunstancia hace más compleja la siempre difícil negociación de las cuentas que llevan entre manos los dos socios gubernamentales.

Los morados quieren dejar su impronta en los Presupuestos para que tenga efectos electorales, y de ahí la firmeza con que defiende la fijación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, la regulación de los alquileres o la revalorización de las pensiones más bajas. Objetivos en los que el socio minoritario cuenta con el respaldo de algunos aliados gubernamentales, como quedará de manifiesto mañana con el registro en el Congreso de una proposición de Unidas Podemos, Esquerra, EH Bildu, Más País, BNG y Compromís para intervenir en el mercado de alquiler. Una iniciativa que sin duda elevará la presión sobre el PSOE.

A pesar de este clima tenso, en el ala socialista del Consejo de Ministros reina el optimismo respecto al acuerdo presupuestario. «Nos interesa a todos», afirmaba ayer un diputado socialista. La ministra María Jesús Montero se atrevió incluso a pronosticar que «en breve» habrá entendimiento dentro del Gobierno. Un vaticinio que chocó con el ritmo negociador «a fuego lento» que defendió ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La titular de Hacienda apeló a la «prudencia» de todos para que las tratativas lleguen a buen puerto y obvió hablar de los puntos de fricción que Unidas Podemos airea sin pudor.

Montero no se atrevió a decir si el proyecto de Presupuestos se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, pero consideró casi seguro que habrá un texto acordado en la primera quincena de octubre.

Un calendario que obligaría a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario porque el 12 de octubre es fiesta nacional.

El objetivo, dicen fuentes socialistas, es que Pedro Sánchez se presente con los Presupuestos encarrilados en el 40 Congreso Federal del PSOE que se celebrará del 15 al 17 de octubre en Valencia. Unas intenciones que son ambiciosas si se hace caso al análisis de la negociación que transmiten desde Unidas Podemos.

«Hay avances», apuntan fuentes del socio minoritario, pero el acuerdo en las negociaciones que protagonizan la ministra de Hacienda, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Alvarez, y el jefe de gabinete de la vicepresidenta segunda, Josep Vendrell, no está tan cerca como sugieren los ministros socialistas. Aunque Montero ni negó ni confirmó que esté cerrado el tipo del 15% en el impuesto de sociedades que afectaría el próximo año a las grandes compañías, otras fuentes gubernamentales creen que está a punto de sellarse.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, además, informó ayer que uno de los escollos, las pensiones mínimas y las no contributivas subirán en 2022 más que el IPC. Una medida que Podemos reclama como propia, pero que los socialistas también reivindican.

El acuerdo no parece tan sencillo con la regulación del precio de los alquileres. La ministra de Hacienda se reafirmó en que debe incluirse en la ley de vivienda y no en los Presupuestos. Un debate que ya se planteó en las negociaciones del año pasado de las cuentas en vigor y que se solucionó con el compromiso de Pedro Sánchez de impulsar la normativa, pero han transcurrido ocho meses sin que vea la luz.