Diario de León

Podemos teme la autonomía de Sánchez y lanza la estrategia de ‘pasar a la oposición’

Los últimos golpes de autoridad del presidente y su alineamiento con las posiciones de Calviño desairan a Iglesias

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados. MARISCAL

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados. MARISCAL

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En septiembre de 2019, a punto de concluir el plazo para convocar unas nuevas elecciones tras la primera investidura fallida de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias tentó en vano al líder del PSOE con una nueva propuesta de coalición: una alianza en pruebas hasta la aprobación de los primeros Presupuestos Generales del Estado. Era la época en la que el presidente del Gobierno aseguraba que no podría dormir por las noches con Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, cuando guiado por los análisis de su jefe de gabinete, Iván Redondo, ya había decidido volver a las urnas, en la convicción de que saldría reforzado y podría intentar un Gobierno en solitario sin contraer hipotecas con partidos secesionistas.

No fue así. A la vuelta del 10 de noviembre, y de la noche a la mañana, Sánchez incineró sus promesas electorales, se fundió en un abrazo con Iglesias y se encomendó a Esquerra Republicana de Catalunya, en paquete con EH-Bildu, para formar Gobierno. Entonces, en el PSOE se respiraba cierto temor a una legislatura de enorme inestabilidad.

La pandemia de la covid-19, sin embargo, generó un marco inesperado. Al Ejecutivo le ha tocado gestionar una situación muy complicada que, no obstante, ha permitido soslayar debates de alto voltaje como el territorial.

El 1 de marzo, apenas dos semanas antes de que el coronavirus obligara a decretar el estado de alarma, en la Moncloa admitían su inquietud ante la posibilidad de que ERC sucumbiera a la presión de Carles Puigdemont, que acaba de dar un golpe de efecto con un acto multitudinario en Perpiñán, a escasos kilómetros de la frontera española, y había llamado a plantear la «lucha definitiva» por la independencia. Los propios republicanos admitían que sólo la reunión constitutiva de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat había impedido que acabaran votando junto a JxCAT contra el techo de gasto de las cuentas públicas unos días antes.

La polémica mesa, compromiso de investidura, no ha vuelto a reunirse y la necesidad de hacer frente a la emergencia sanitaria ayudó para el apoyo de Esquerra a los Presupuestos con cesiones menos gravosas de lo que habría cabido esperar cuando en enero comenzó la legislatura. Si hubiera aceptado la propuesta inicial de Iglesias de una coalición a prueba, probablemente ahora Sánchez habría optado por renovarla, del mismo modo que el 29 de diciembre, al hacer balance del año, aseguró que su intención es mantenerla hasta 2023.

Pero no todo ha sido sencillo y, como vaticinaban muchos en el PSOE, tampoco el problema ha venido siempre de fuera del Gobierno. Sánchez repite que los Gobiernos hablan a través del BOE y el pasado martes sacó pecho por el grado de cumplimiento de sus pactos con sus aliados. El año empezó con el acuerdo con empresarios y sindicatos para subir el salario mínimo en 50 euros, se incrementó el índice de renta personal que sirve para calcular las ayudas públicas, el Iprem, en un 5%, en la primera ola de la pandemia se aprobó, pese a las reticencias de los socialistas el Ingreso Mínimo Vital cuya implementación, sin embargo, está dejando mucho que desear incluso para sus propios impulsores, se aprobaron las tasas Google y Tobin....

En doce meses, el Ejecutivo sólo ha perdido una votación en el Congreso, la del decreto para que los ayuntamientos cediesen al Estado sus remanentes de tesorería. Y en la recta final ha logrado aprobar los Presupuestos con una holgada mayoría, la ley de Educación que deroga la Lomce y la ley de la eutanasia con la única oposición del PP y Vox.

¿A LA GRESCA?

Pero en el camino ha habido altibajos y en ocasiones se ha trasladado la imagen de un Ejecutivo a la gresca.

El primer gran desencuentro entre los socios no tardó en llegar. Fue a cuenta de la ley del «solo el sí es sí». Podemos presionaba para aprobarla antes del 8 de marzo, el Día de la Mujer, mientras la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, advertían de que había mucho que pulir aún. Los socialistas hablaban de «chapuza» jurídica del departamento de Irene Montero. Iglesias llegó a espetar: «Tras las excusas técnicas hay mucho machista frustrado».

Ese episodio tiene muchos de los elementos presentes en polémicas internas posteriores. Fue una de las primeras veces en las que Podemos puso en práctica la estrategia, que tanto incomoda en el PSOE, de trasladar a la opinión pública sus batallas, en ocasiones magnificadas, para arrogarse la maternidad de determinadas políticas. Ha ocurrido en los últimos meses con extensión de la paralización de los desahucios o la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables.

La coalición vivió también momentos delicados antes del verano. El desgaste de la gestión de la pandemia empezaba a hacer mella y el Ejecutivo cada vez se enfrentaba a mayores dificultades para sacar adelante las prórrogas del estado de alarma.

Fue cuando, a la desesperada, firmó el polémico acuerdo con EH-Bildu para la derogación de la reforma laboral, ante el que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, puso el grito en el cielo. Pero también cuando Sánchez alcanzó un pacto con Ciudadanos por el que sus socios le acusaron de poner jaque el futuro de la legislatura.

En el catálogo de choques computa también lo referido a la Corona y la salida de España del rey Juan Carlos, objeto, según Iglesias, de una «discusión fuerte» con Sánchez, con el que, por otro lado, se jacta de tener buena relación.

El primer año de cohabitación entre el PSOE y UP termina con un sondeo del CIS negativo para las expectativas electorales de ambos, y con la perspectiva de nuevas tensiones. En la última sesión de control al Gobierno, ya con la tranquilidad de tener Presupuestos, Sánchez dio su respaldo a Calviño (encarnación de una ortodoxia económica de la que UP abomina). Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, no ha logrado convencerle de subir siquiera un 0,9% el SMI y Calvo, que recurrentemente se refiere a sus socios como «el cuarto partido» de la Cámara les ha dejado claro que no se reformarán las mayorías para elegir el CGPJ.

Los de Iglesias, recelosos ante la idea de que el presidente se sienta ahora más libre para ignorar sus exigencias, han empezado a trasladar que no temen pasar a la oposición. Avisan de que no tragarán con la reforma de las pensiones planteada por el ministro José Luis Escrivá, que implicaría un recorte de en torno al 5%.

«Podemos —blandía además hace unos días en ‘eldiario.es’ Juan Carlos Monedero— ya no es solamente sus 35 diputados, también es un pacto en el que están Bildu y ERC».

En el corto plazo, serán determinantes los comicios catalanes del 14-F. De su resultado puede depender un reajuste en las posiciones de distintos actores políticos, pero también la vuelta a primera línea del conflicto catalán. Especialmente si las vacunas traen consigo el fin de la pandemia.

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