El Poder Judicial avisa de que la reforma del Gobierno generará «parálisis»
El gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado un informe sobre la reforma aprobada por PSOE y Unidas Podemos que limita las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando está en funciones, como ocurre en la actualidad desde diciembre de 2018.
El documento de 65 páginas fue pedido por el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, para evaluar la dimensión de la nueva ley y su impacto en la actividad ordinaria de la institución. Un trabajo que se examinará en el Pleno del CGPJ de este jueves, con la presencia de los 20 vocales más Lesmes.
El informe firmado por el jefe del gabinete técnico, Eduardo José Fontán, al que ha tenido acceso este periódico, concluye que la modificación legislativa que entró en vigor a finales de marzo puede llevar al Consejo a la «atrofia y la paralización», al dejar en el aire casi medio centenar de designaciones de altos cargos hasta finales de año, ocho de ellas en el Tribunal Supremo, si no se procede en estos meses a la renovación de la institución. Un posibilidad remota tras la última ruptura de las negociaciones entre socialistas y populares, que disponen de mayoría en el Congreso para cerrar este acuerdo.
El documento realiza una lectura constitucional de las competencias del órgano de gobierno de los jueces y admite que la reforma puede llevar a una «paralización» aunque el legislador afirme expresamente que quiere evitarlo. El texto detalla también que la supresión de la atribución para hacer nombramientos discrecionales, vigente en la actualidad, debe hacerse extensiva a la designación de magistrados del Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar, de la jurisdicción militar y a la aprobación de bases de convocatoria.
El informe, que no entra a valorar el ajuste constitucional de la nueva norma (un debate que sí se planteará en el Pleno), señala que el CGPJ, aun estando en funciones, ha de asegurar la acción de gobierno del Poder Judicial y, con él, su independencia y la de los jueces y magistrados. Por lo tanto, añade, sus competencias han de aproximarse a las propias de un Consejo.