martes 25/1/22
Bomberos y miembros de la UME analizan el avance del fuego para intentar frenarlo. ALVARO CABRERA

El Poder Judicial ya ha cursado la invitación al rey Felipe VI para que presida el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebrará en Barcelona, un evento al que tradicionalmente asiste el monarca a excepción de 2020. En caso de que el rey acepte, la normalidad regresaría a este evento después de que el año pasado no presidiera por primera vez el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces por decisión del Gobierno. Era la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acudía a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial.

Las cuatro asociaciones judiciales, que representan a más de la mitad de la carrera, recuperaron ayer la unidad para reprochar a las formaciones políticas que aborden el debate de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018, con «fines exclusivamente partidistas».

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) —que hasta la fecha había mantenido una estrategia diferente con respecto a la interinidad del CGPJ— y Foro Judicial Independiente (FJI) reaccionaron de forma conjunta «ante las declaraciones de responsables políticos» sobre la renovación del Consejo.

La nota común llega un día después de que el consejero de Justicia de la Comunidad Madrid, Enrique López, magistrado en funciones y negociador del PP en el CGPJ, asegurara en una entrevista en La Razón que los populares tenían el apoyo de la «inmensa mayoría» de la carrera judicial en su pretensión de modificar el sistema de nombramientos antes de abordar cualquier negociación con el PSOE.

Los colectivos manifestaron que están de acuerdo en que «es necesario reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ», para que la mitad de los 20 sean nombrados por sus pares, y coinciden en que «sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial».

El comunicado admite que existen discrepancias entre las asociaciones firmantes por la conveniencia de proceder a la reforma del sistema «con carácter inmediato o más adelante». Sin embargo, subrayaron que esas diferencias de criterio «no han impedido» que hayan «seguido trabajando conjuntamente en la defensa de los intereses comunes de la carrera, de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y en, particular, de la independencia judicial».

Las asociaciones insistieron en que el estado de interinidad «constituye una grave anomalía institucional que debe ser corregida».

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