El Poder Judicial redobla el pulso al Gobierno con su no a la ley de vivienda
No hubo sorpresa y el Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer el dictamen contrario al proyecto de la ley de vivienda del Gobierno. Un rechazo que abre la puerta a un conflicto institucional entre el Ejecutivo y el órgano rector de la judicatura con el telón de fondo de la imposible renovación del Consejo.
La reunión de los vocales no fue pacífica. Durante algo más de dos horas se sucedieron intervenciones técnicas pero cargadas de reproches entre los vocales del homogéneo sector conservador y del dividido grupo progresista.
Al final, lo esperado. El informe firmado por Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, avalado el primero por el PNV y el segundo por el PP, fue respaldado por quince consejeros y rechazado por seis.
Entre los detractores del proyecto gubernamental se alinearon dos vocales elegidos a propuesta del PSOE, Roser Bach y Victoria Cinto. El quince a seis es el mismo resultado que se registró el 14 de enero para rechazar el dictamen elaborado por el socialista Álvaro Cuesta a favor del proyecto gubernamental.
El Consejo es consciente de que su postura conduce a un enfrentamiento con el Gobierno. En la Moncloa consideran que el gobierno de los jueces se ha extralimitado en sus funciones porque, aducen, se requirió su parecer para que dictaminara sobre el encaje en la ley de Enjuiciamiento de los artículos referidos a los desahucios, no para que entrara en el fondo del proyecto. Un enfoque que el Consejo rechazó de plano y en su informe defendió su legitimidad para emitir el dictamen en los términos que lo ha hecho. Sus funciones, recuerda, «no dependen ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe», en este caso el Gobierno.
El Poder Judicial también vaticina que si la ley no se cambia en la tramitación del Congreso acabará en el Tribunal Constitucional, que deberá decidir si la norma se limita a las competencias estatales en vivienda o si existe «contradicción con la ley autonómica».
El informe del Poder Judicial considera que el proyecto del Gobierno invade competencias autonómicas, resalta que pone en tela de juicio el concepto de «propiedad privada» y señala que es discutible la intervención de los precios de los alquileres en las zonas consideradas tensionadas, es decir con precios disparados.
El Gobierno, pese al revés, no va a dar marcha atrás en una de las leyes bandera de la legislatura aunque sin ánimo de entrar en el cuerpo a cuerpo con el Poder Judicial.