Diario de León

La ‘policía patriótica’ del PP se sienta en el banquillo

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Melchor Sáiz-Pardo | Madrid

La ‘policía patriótica’, el grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que durante la época del ministro del PP Jorge Fernández al frente de Interior se dedicó supuestamente entre 2011 y 2016 a todo tipo de maniobras irregulares para desacreditar a enemigos políticos, se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados el próximo año. Será entre el 9 y el 12 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid.

En ese tribunal serán juzgados el máximo responsable de ese supuesto grupo de policías de las ‘cloacas del Estado’, el exdirector operativo adjunto del CNP y antiguo número 2 del cuerpo, el comisario Eugenio Pino, y uno de sus hombres de mayor confianza, el inspector Bonifacio Díez Sevillano.

Ambos deberán responder ante la justicia del intento de introducir de forma fraudulenta en la causa contra el clan Pujol que se instruye en la Audiencia Nacional un pendrive con información sensible sobre los negocios del primogénito de la saga, Jordi Pujol Ferrusola.

La Fiscalía no ve delito alguno en la actuación de los dos imputados, que sí que son acusados por el propio Pujol Ferrusola, quien pide dos años y medio de cárcel a cada uno de los funcionarios por revelación de secretos, y por el partido Podemos, acusación popular, quien reclama diez años y medio de prisión para los agentes por los delitos de falso testimonio y estafa procesal.

Entre los testigos llamados a declarar estará el famoso y omnipresente comisario José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 y al que mucho sitúan como miembro destacado de esa ‘policía patriótica’ y, sobre todo en las maniobras de esta camarilla policial en la denominada ‘operación Cataluña’ para intentar combatir el secesionismo con tácticas turbias.

El caso del pendrive que podría llevar a la primera condena de los exmiembros de la ‘policía patriótica’ se remonta a la primavera de 2016 cuando la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía intentó incorporar a la causa que entonces instruía el juez José de la Mata una memoria informática con 869 documentos incriminatorios contra Pujol Ferrusola. Cuando el magistrado preguntó sobre la procedencia de esa importante prueba de cargo, nadie supo responder con claridad sobre el origen del pendrive ni sobre su autenticidad.

El titular del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, que fue a quien De la Mata derivó la investigación sobre el posible delito de los policías, tras un año de interrogatorios, dio por buenas las versiones de los agentes que apuntaron a Pino ya Díez Sevillano como los autores del intento de introducir esas pruebas en el sumario. Sin embargo, la Fiscalía sí que creyó la versión de los imputados de que esa memoria, que había quedado traspapelada en un cajón, fue entregada al juzgado en cuanto se halló. La defensa del clan Pujol pudiera usar este altercado para reclamar una nulidad general de la investigación.

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