jueves 19/5/22

La dirección de la Policía Nacional durante el Gobierno del PP elaboró un informe para proteger la actividad privada de José Manuel Villarejo, entonces agente en activo, cuando los investigadores del ‘caso Nicolás’ destaparon el entramado empresarial con el que se había enriquecido (se estima que superior a los 20 millones de euros).

El documento fue firmado en abril de 2015 por el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del comisario principal Eugenio Pino, entonces director operativo del Cuerpo. Concluía que los «servicios de inteligencia» que decía prestar el comisario cumplían «con los parámetros de compatibilidad» debido a su función policial y descartó cualquier responsabilidad administrativa y/o penal de Villarejo.

En suma, para la cúpula policial de la época las actividades particulares del agente «no suponían un menoscabo» del estricto cumplimiento de sus deberes profesionales, guardaban «respeto absoluto» al horario del puesto de trabajo y «no tenían relación» con asuntos vinculados a la Policía, con las actividades que desarrolla el Cuerpo o que fueran de su competencia.

La Policía protegió a Villarejo porque lo que hacía «no afectaba» al Cuerpo