El PP desafía a Sánchez y bajará impuestos

El presidente valenciano, Ximo Puig, abrió el pasado 21 de julio la caja de los truenos. Su propuesta de aplicar un impuesto para las rentas altas de Madrid agitó con fuerza el debate territorial y volvió a poner sobre la mesa las diferencias tributarias entre autonomías. El Gobierno frenó las aspiraciones del barón socialista de diseñar un impuesto especial, pero respaldó la necesidad de avanzar hacia la armonización fiscal para acabar con los «desajustes» tributarios entre territorios e impedir la competencia desleal de la que acusa al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. El PP rechazó que Madrid sea un paraíso fical y defendió la rebaja de impuestos como la seña de identidad del partido.

En los planes del Ministerio de Hacienda está reducir las diferencias entre los tributos autonómicos, una voluntad que el PSOE lleva años defendiendo aunque todavía no la ha puesto en práctica. Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra en el Congreso, afirmó en noviembre que había acordado con el Ejecutivo en hacerlo ya y que ese compromiso había facilitado que los republicanos dieran el apoyo necesario a los Presupuestos de este año. El Gobierno dio el primer paso en abril al crear el comité de expertos que está estudiando ya la reforma fiscal y que presentará sus conclusiones a finales de febrero de 2022.

Bajo el foco están, principalmente, los impuestos de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, que el Estado transfirió al 100% a las regiones.

Además, les cedió parcialmente los ingresos y cierta capacidad de decisión sobre el IRPF y la recaudación, sin capacidad normativa, del IVA, Especiales y Sociedades. De ahí que, desde sus competencias, cada autonomía adopte las medidas fiscales que le parezca más oportuno.

La idea de armonizar el mapa tributario escoció al PP cuyos presidentes autonómicos solo son partidarios de la homogeneización «si es a la baja», pero en ningún caso subir impuestos, y menos el de Sucesiones, que Madrid, Andalucía, Galicia Castilla y León y Murcia, las regiones donde gobiernan, bonifican hasta el 99%. Los conservadores mantuvieron su promesa de compensar las alzas de impuestos que imponga Pedro Sánchez con bajadas en las comunidades del PP y que promoverán a nivel estatal en cuanto aterricen en la Moncloa, como recordó la semana pasada Pablo Casado. «Cuando lleguemos al Gobierno bajaremos impuestos y burocracia, reduciremos los ministerios a la mitad y mejoraremos la financiación autonómica», escribió en su cuenta de Twitter.

Los populares advirtieron de que combatirán con dureza cualquier intento de armonización fiscal que dificulte esa medida. No solo Madrid, que está dispuesta a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se opuso rotundamente y anunció que sus Presupuestos del 2022 incluirán una rebaja fiscal de impuestos autonómicos, con la que pretende llegar al 90% de los ciudadanos, con especial atención a las familias numerosas, los menores de 35 años y las personas con discapacidad.

Otro tanto se espera en Andalucía, con la misma promesa de su presidente, Juanma Moreno, de bajar los impuestos en las cuentas del próximo ejercicio, y para la que necesitan a Vox, que amenazó con forzar un adelanto electoral.

Una nueva rebaja que, de conseguirse, se sumaría a la del 2019, cuando prácticamente se suprimió el impuesto de Sucesiones y a la del pasado abril, cuando se aprobó una rebaja del impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 7%. También los mandatarios de Murcia, López Miras, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguraron que continuarán con las rebajas fiscales que ya pusieron en marcha en los últimos ejercicios.

Al mantenimiento de la ya conocida exención del 99% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones y la reducción de la tarifa autonómica del IRPF, Fernando López Miras anunció el pasado junio una bonificación íntegra en el de Patrimonio a quienes realicen inversiones consideradas de excepcional interés público regional.