El presidente baja el pistón con el Constitucional
El Gobierno no se apea de tildar de «hecho grave» la decisión del Constitucional de aplicar las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para suspender la tramitación de las enmiendas a través de las cuáles pretendía acelerar la renovación de la corte de garantías. Incluso insiste, pese a precedentes de suspensiones de plenos convocados en el Parlamento de Cataluña en 2017 y 2018, en que se trata de una «injerencia», algo «insólito», insistió ayer el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la historia de «cualquier democracia europea». En la práctica, sin embargo, se ha optado por bajar el pistón y plegarse al camino señalado por el tribunal, dejando las palabras gruesas para cargar contra el PP.
No es sólo que, según dieron a entender el martes fuentes del grupo socialista, la respuesta al revés propinado por el máximo garante de la Carta Magna se vaya a limitar a registrar esta vez la reforma diseñada para acabar con cinco meses de bloqueo en la renovación del TC como proposición de ley, en lugar de como una enmienda a una norma ya en tramitación que nada tiene que ver. Algo en lo que quieren implicar a todo el bloque de investidura. Es que además lo harán con cierta calma y, según aseguran, esperarán a que el Constitucional publique su fallo para analizarlo a conciencia antes de dar un paso. «Ya vamos a esperar —remarcan fuentes del partido— y que no haya nadie que pueda poner ni un pero».
Los socialistas no renuncian a habilitar enero o a utilizar, aunque todavía no se atreven a asegurarlo, el procedimiento de urgencia para acortar los plazos a la mitad y tener la ley aprobada en apenas treinta días. Pero lo que descartan por completo, por ejemplo, es utilizar el procedimiento de lectura única, que permite concluir la tramitación parlamentaria en un único debate ante el Pleno. En principio, el fallo del Constitucional no debería tardar mucho. Según apuntan fuentes del órgano, será una «cuestión de días». Podría estar listo incluso este viernes o el lunes. Solo si se demorara más allá de lo prudencial, el Ejecutivo se tirará a la piscina. Pero por ahora prefiere enfriar la crisis institucional.
En Moncloa hay quien admite que fue un error alentar comparaciones entre la decisión del tribunal y un golpe de Estado (el más radical fue el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Felipe Sicilia). Y después de días de emplear un discurso muy análogo al empleado por el independentismo en 2017 tras cada resolución del TC para frenar el ‘procés’, Sánchez marcó este miércoles un límite cuando el portavoz de ERC, Gabriel Rufián le dijo, que apoya su plan para forzar el relevo progresista en la corte le dijo: «Hay una diferencia entre ustedes y nosotros: nosotros no les dejaremos tirados».
El presidente replicó que es cierto que la democracia española «necesita mejoras» pero añadió que han de acometerse «desde el respeto a la ley y dentro de la ley».
EL PSOE SE RESIENTE EN EL CIS
Las consecuencias de la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’, con el goteo de rebajas en las condenas, el anuncio de excarcelaciones y el revuelo político subsiguiente, así como la reforma del Código Penal, especialmente la reforma del delito de malversación pero también la derogación del de sedición, parecen pasar ya factura electoral al PSOE. Así lo recoge el último barómetro del año del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado ayer, que aún no mide el impacto del choque entre poderes del Estado desatado en los últimos días. La estimación de voto para el PSOE baja 2,1 puntos respecto a noviembre, hasta el 30,6%. La del PP, por el contrario, sube cerca de un punto y medio y se coloca en el 28,6%.