Protocolo cero: proteger a las mujeres que no denuncian

Las fuerzas y cuerpos de seguridad ya disponen del «protocolo cero», una guía para saber cómo deben actuar los agentes en aquellos casos de violencia de género en los que la víctima no va a denunciar y cuyo objetivo es proteger a la mujer y a sus hijos menores.

Escuchar a las personas presentes en el lugar de los hechos delictivos, especialmente a la víctima, estudiar el entorno o detectar conductas impulsivas y controladoras en el agresor son algunas de las actuaciones que ayudarán a los agentes a evaluar qué riesgo potencial tiene la mujer de sufrir una nueva agresión.

En lo que va de 2021, 31 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y en la gran mayoría de los casos (casi el 80 %) no constaban denuncias previas contra el presunto agresor por violencia de género.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, solo el 21,7 % de las víctimas denuncia a su maltratador y las que lo hacen, según un estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, tardan una media de casi 9 años en dar ese difícil paso.

Ante estas cifras, el Ministerio del Interior ha elaborado una guía específica que se aplicará cuando los agentes tengan conocimiento de una situación delictiva de violencia de género o del quebrantamiento de una medida de protección. La Secretaría de Estado de Seguridad ha distribuido esta semana la instrucción 5/2021 con el ‘Protocolo de primer contacto policial con víctimas de violencia de género en situación de desprotección’, conocido como protocolo cero.

En él se enseña a los agentes cómo actuar en el lugar de los hechos y más tarde en las dependencias policiales para recabar el máximo de información sobre lo ocurrido, con el fin de hacer una valoración del riesgo de la víctima, trasladar toda la información a la autoridad fiscal y judicial y contribuir a la protección de la mujer.

La instrucción explicita que se deberán llevar a cabo cuantas gestiones de investigación resulten necesarias para esclarecer los hechos, a pesar de que la víctima se niegue a denunciar.

Los agentes tratarán de solicitar información a la víctima en un entorno privado, alejada tanto de menores como de cualquier otra persona, y en ese momento deberán intentar averiguar si necesita recursos asistenciales específicos y facilitarle los contactos.

Además, intentarán obtener detalles de todas las personas presentes, incluidos el agresor y familiares, así como del entorno, y constatar si los hechos se produjeron en presencia de menores y si estos han recibido agresiones o amenazas, directas o indirectas.

La seguridad de la víctima y los menores —si los hubiera— será la prioridad, según el protocolo, que recuerda que la preocupación de la mujer por su seguridad y la de sus hijos puede afectar a su relato.

El decálogo hace hincapié en que el momento más peligroso para una víctima de maltrato es cuando el presunto agresor conoce que quiere dejar la relación, por lo que es una información relevante para la valoración del riesgo.

Se recomienda a los agentes tener interiorizadas ciertas dinámicas para averiguar si ha habido violencia física, incluso aunque no haya lesión, prestar especial atención a marcas de posibles agresiones en el cuello, averiguar si se han empleado armas, si ha habido amenazas de muerte o de suicidio, si los hechos son aislados o se han repetido, si se ha incrementado su gravedad y si estaban motivados por los celos.

Es también importante detectar la posible existencia de conductas de control o acoso, si se registran faltas de respeto hacia los agentes por parte del presunto agresor, si hay daños en el entorno o si maltratador o víctima presentan algún trastorno mental o adicción.

Los agentes han de conocer si la víctima piensa que el agresor es capaz de agredirla con mucha violencia e incluso matarla.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha recordado en declaraciones a Ser Cataluña que «un porcentaje altísimo» de mujeres víctimas de la violencia machista «no presentan denuncia», una situación en la que hay que preguntarse el porqué y realizar más acciones. Además, ha abogado por que el ámbito sociosanitario sea más «proactivo», puesto que muchas mujeres acuden antes a los servicios sociales que a la policía o a la justicia, en la medida en que sus profesionales están «perfectamente capacitados» para detectar casos de violencia de género.