El PSOE atribuye a Calviño la reforma laboral y pide la adhesión de sus socios

El Gobierno tiene ante sí la difícil tarea de convencer a sus socios habituales en el Congreso de las bondades de la reforma laboral que el pasado jueves terminó de cerrar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la patronal y los sindicatos. Y a ese arduo trabajo los socialistas suman otro más: intentar que la también vicepresidenta segunda, que en enero pretende iniciar lo que ha denominado como un «proceso de escucha» para lanzar su proyecto político y que, según el CIS, es ya la dirigente política mejor valorada del país, no capitalice en solitario su éxito.

Pedro Sánchez ya dejó clara su incomodidad con el protagonismo de Díaz cuando el pasado octubre, después de muchos meses de reuniones prácticamente semanales entre Trabajo, sindicatos y empresarios, encargó de pronto a la vicepresidenta económica que asumiera las riendas de la negociación. La decisión abrió la mayor crisis en el seno de la coalición desde la marcha de Pablo Iglesias, hasta el punto de que Unidas Podemos reclamó una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición.

Finalmente, los dos socios gubernamentales acordaron que la batuta siguiera en manos de Díaz con la participación de representantes de otros ministerios socialistas. Ahora, el PSOE insiste, sin embargo, en reivindicar su cuota de responsabilidad en un acuerdo que, pese a ser tildado de insuficiente e incluso decepcionante por sus aliados en la Cámara baja, envía un mensaje de estabilidad institucional y allana el camino al desembolso, ya iniciado, de los fondos europeos de recuperación.

El portavoz de los socialistas, Felipe Sicilia, ofreció este lunes así una rueda de prensa en Ferraz en la que glosó las bondades del pacto y en la que, sin hacer mención alguna a la labor de la vicepresidenta segunda, aplaudió el trabajo del equipo económico del Gobierno «personificado —dijo— por Nadia Calviño». «Mi felicitación ha sido expresa a todos los ministerios implicados; Trabajo ha tenido un gran peso pero también ha habido otros», alegó después cuando se le preguntó por esa omisión.

Sicilia también dejó claro que la intención del Ejecutivo es que la reforma, que este martes será aprobada por el Consejo de Ministros como real decreto ley, salga adelante en el Congreso sin modificaciones. Difícil convalidación De momento, las cuentas no salen para una convalidación que, obligatoriamente, debe producirse en el plazo de 30 días. EH Bildu advirtió el viernes de que la reforma no le gusta y presionará, junto a ERC, para introducir cambios.

Los disconformes

El PNV, el BNG o Más País también han expresado su disconformidad con el acuerdo, que queda muy lejos de la prometida derogación de la reforma aprobada en solitario por el PP en 2012. Los nacionalistas vascos consideran que lo firmado por la CEOE, CCOO y UGT tiene aspectos positivos, pero exige la prelación de los convenios vascos sobre los de ámbito estatal. La izquierda va más allá. La reforma pactada se centra en cuatro asuntos: la recuperación de la ultractividad (que hará que cuando no haya acuerdo en la negociación de un nuevo convenido se mantenga el anterior); la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa en materia salarial, la reducción de la temporalidad con solo dos tipos de contrato (estructural y formativo) y la potenciación de los Erte. En cambio, no entra en asuntos sustanciales de la reforma de 2012: ni encarece el despido, ni se recuperan los salarios de tramitación (que la empresa debía pagar a un empleado con una sentencia de readmisión) ni la autorización administrativa para los ERE. Si lidiar con los reproches de connivencia con la patronal es complicado para el PSOE, más lo es para Unidas Podemos.

Su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, dedicó un largo hilo en Twitter a explicar por qué, pese a las evidentes renuncias, su reforma puede tildarse de «histórica» y supone, adujo, «el mayor avance en derechos para los trabajadores de nuestro país en 40 años».