El PSOE y Casado se enzarzaron por el CGPJ cinco meses pese a tener un pacto firmado

13 de octubre de 2021. En medio del habitual cruce de reproches de cada miércoles en el Congreso, Pablo Casado tiende la mano al jefe del Ejecutivo para renovar todas las instituciones pendientes, salvo el CGPJ, para cuyo desbloqueo pide una reforma legal del Poder Judicial a cambio, de manera que los jueces elijan entre ellos al menos la mitad de las vocalías del Consejo. «Renovemos los demás órganos constitucionales. Tiene la oportunidad de contestar ahora», le dijo el entonces líder de la oposición a Pedro Sánchez. Aunque el presidente respondió en un principio que todo o nada acabó por recoger el guante y esa misma tarde el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el que fuera secretario general de los populares, Teodoro García Egea, retomaban las negociaciones después de ocho meses de la última intentona fallida.

En apenas 24 horas, tras sendas reuniones y varias conversaciones, el PSOE y PP alcanzaban un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. El pacto era sencillo, porque ya estaba prácticamente cerrado en febrero, cuando los conservadores vetaron para el CGPJ a José Ricardo De Prada —clave en la sentencia de la corrupción del PP que impulsó la moción de censura contra Mariano Rajoy— y Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, y todo se truncó. El Ejecutivo no ocultó que quería un pacto global, pero terminó aceptando que se troceara, vistas las diferencias con el órgano judicial.

«Todo es posible con voluntad y con intención de acordar y de ceder», remarcó, por su parte, García Egea, que volvió a exigir para renovar el CGPJ que los socialistas se comprometiesen a una modificación legal en el sistema de elección de los vocales. Algo a lo que el PSOE ni estaba entonces ni está dispuesto ahora, entre otras cosas, porque consideran que el de la magistratura es un mundo muy conservador.

Una semana después, PSOE y PP terminaron firmando un pacto secreto para acometer una reforma de la ley del Poder Judicial al objeto de renovar el Constitucional y ganar tiempo para seguir negociando el órgano de gobierno de los jueces. Ese acuerdo, según desveló ‘El País’ el martes, estaba concebido para no ejecutarse, como «cláusula de salvaguarda», porque el pacto para renovar todo el CGPJ estaba casi hecho. De los veinte nombres sólo faltaban los dos que proponía Podemos y que habían vetado los populares en febrero. Sin embargo, esa proposición de ley que ambas formaciones acordaron presentar de forma conjunta «previsiblemente en la segunda quincena de noviembre de 2021», según el documento desvelado, nunca llegó a registrarse. Lo haría el PSOE en solitario este verano con la oposición airada del PP. Es más, en los cincos meses que se sucedieron entre la firma del pacto suscrito por Bolaños y Egea y la defenestración de Casado como líder del PP, ambas partes no llegaron a culminar la renovación del CGPJ y continuaron reprochándose en público su bloqueo.

En noviembre, tras la aprobación por el Congreso de los nuevos miembros del tribunal de garantías, entre ellos el polémico Enrique Arnaldo, propuesto por el PP y aceptado con evidente malestar y «como un mal menor» por PSOE y Unidas Podemos, los socialistas volvieron a la carga y emplazaron, a través de su portavoz parlamentario Héctor Gómez, a los conservadores a asumir «de una vez por todas su responsabilidad» y desbloquear el relevo en la cúpula del CGPJ.

Pero Génova no estaba dispuesto a suavizar sus exigencia e insistía en marcar como línea roja la reforma de la ley que regula el órgano de gobierno de los jueces. «Yo sigo manteniendo que hay que despolitizar el Poder Judicial», insistía Casado ese mismo mes desde La Palma, sobre una condición que el Gobierno no estaba dispuesto a satisfacer.

Pese a la voluntad de ambas artes de volver a sentarse, las semanas pasaron sin que hubiera avances. «Está todo parado», reconocían antes de Navidad en la cúpula del PP. El propio presidente del Gobierno en su balance de fin de año daba prácticamente por imposible la renovación del Poder Judicial en lo que restaba de legislatura ante la actitud de bloqueo de los populares. «El deber institucional está por encima de cualquier otra cuestión», insistía Sánchez. Regalo envenenado Para entonces las elecciones en Castilla y Léon ya estaban convocadas y PSOE y PP se emplazaban a después de los comicios, previstos para el 13 de febrero, para desencallar la renovación del CGPJ.

Con las urnas cerradas la guerra interna estalló en el principal partido de la oposición llevándose por delante a Casado, que entregó en abril las riendas de la formación a Alberto Núñez Feijóo en un congreso extraordinario en Sevilla.

La intención del gallego era terminar con el bloqueo que había impedido renovar en tiempo y forma al órgano de los jueces. Así se lo trasladó al presidente en su primer encuentro en la Moncloa. Le pidió tiempo para estudiar el terreno y nombrar un interlocutor pero dejando claro que las conversaciones empezaban «desde cero», aunque, de momento, tampoco han llegado a buen puerto.

En la actual dirección del PP, insisten, en todo caso, que desconocían el regalo envenenado de la anterior dirección y que Casado ni le habló a Feijóo del pacto secreto con el PSOE ni le entregó «ningún documento» al respecto durante el traspaso de poderes y se desmarca de un acuerdo al que el Gobierno de Sánchez tampoco dio valor hasta que decidió filtrarlo. En el entorno del exlíder del PP aseguran que entregaron toda la documentación sobre la negociación con el Gobierno en temas de Justicia.