El PSOE convierte en norma los roces con Podemos, su socio en la coalición

El ciclo electoral que comenzó el domingo en Castilla y León ha electrificado la segunda parte de la legislatura. Los nervios crecen conforme se acercan las nuevas citas con las urnas al tiempo que los dos socios del Gobierno multiplican sus discrepancias para marcar distancias ante un electorado que les dio la espalda el 13-F. Unidas Podemos perdió uno de los dos procuradores que tenían en las Cortes castellanas y leonesas y el PSOE se dejó 118.000 votos. Todo frente a un calendario legislativo en el que ambas formaciones deberán negociar normas clave de su programa, como la ley de vivienda o la derogación de la ‘ley mordaza’.

El principal punto de fricción entre los socios sigue centrado en la reforma fiscal. El martes, los socialistas cercenaron en el Congreso la propuesta de Podemos con el argumento de que hay que esperar al informe que el Gobierno ha solicitado a un comité de expertos, y que debe estar listo este mes. Unidas Podemos ha acelerado su gran subida impositiva con la que pretende recaudar 30.000 millones de euros más, según sus cálculos, para abrir un debate que los socialistas consideran «inoportuno».

Los morados, tras tomar nota de lo ocurrido con la reforma laboral, temen que la reforma fiscal acabe paralizada hasta la próxima legislatura una vez que se inicie la marea de elecciones autonómicas, municipales y generales previstas para 2023.

Paralelamente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llamada a liderar el ala morada de la coalición, no se encuentra cómoda mientras el grupo parlamentario y los otros ministros de Unidas Podemos airean estas fricciones en la coalición. La semana pasada, en pleno debate por la reforma laboral, Díaz cerró filas con la Moncloa y recordó que su tramitación «la lidera Hacienda».

Más conflictos

En Unidas Podemos admiten que se va a una cadena de frente en cada negociación, por ello dejaron pasar, pese a las reticencias, la propuesta del PSOE de que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, encabezara la investigación de los casos de pederastia en la Iglesia Católica.

La Ley de Vivienda, aprobada a principios de mes en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, ha sido una de las normas que más tensiones ha generado desde que ambos socios empezaron a negociarla en noviembre de 2020. Ahora inicia su trámite parlamentario después de que el ala socialista del Gobierno se haya abierto a establecer algún sistema para sancionar a los grandes propietarios que no respeten la ley. «Aquí hay mucho camino para recorrer», les advirtió el diputado de En Comú, Gerardo Pisarello.

Las discrepancias también se han repetido con la Ley de Protección animal, que el Gobierno espera aprobar en Consejo de Ministros este viernes y que ha granjeado acusaciones desde Unidas Podemos hacia el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, al que acusan de haberla retrasado por no estar dispuesto a que se regulara la cría y la venta de animales destinados a la caza.

Batallas legislativas

Otra batalla, aún secundaria pero que copará las discusiones en el Gobierno en las próximas semanas, es la tramitación de la Ley de Familias. Los morados reconocen que hay consenso en los conceptos legales clave, pero presionan al PSOE para que las madres que no cuentan con contrato de trabajo también puedan cobrar el cheque de 100 euros de la prestación por crianza. El Ministerio de Hacienda por el momento trata de evitar esta discusión al considerar la propuesta una desincentivación para incorporarse al mercado laboral.

A esta se sumarán también Ley de Libertades Sexuales, la de Memoria Democrática, la derogación de la llamada ‘ley mordaza’, la reforma de las pensiones o la nueva propuesta para fijar las cuotas de autónomos. En todos los casos existen tiranteces dentro de la coalición y, a su vez, entre el Gobierno y sus socios de investidura.