PSOE y UP imponen la vía de urgencia para la reforma del CGPJ
Los partidos del Gobierno rechazan pedir informes consultivos de la modificación
Carlos Lesmes con Campo y Marlaska. BALLESTEROS
La Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, ha aceptado este miércoles tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones al CGPJ mientras no sea renovado, y también ha rechazado recabar informes consultivos sobre esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El PSOE y Unidas Podemos, autores de la proposición de ley, ya habían recabado el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para reunir la mayoría absoluta necesaria para forzar que se habilitase el mes de enero para poder avanzar con la reforma.
Pero también pidieron, antes de las Navidades, que la reforma se tramitase por la vía de urgencia, lo que implica reducir todos los plazos a la mitad. Esta segunda decisión debía ser aceptada por la Mesa de la Cámara, que así lo ha decidido este miércoles gracias a los seis votos de los dos grupos del Gobierno, que se han impuesto a los tres representantes de PP y Vox.
AHORA, PLAZOS DE ENMIENDAS
Aprobada la tramitación por la vía de urgencia, se ha fijado un primer plazo de ocho días hábiles para la presentación de enmiendas a la proposición de ley, un trámite que estaba pendiente desde que fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 15 de diciembre.
Los grupos que se oponen a la reforma tendrán ahora una segunda oportunidad para intentar frenarla pidiendo prórrogas o presentando una enmienda de totalidad con texto alternativo, lo que obligaría a celebrar un nuevo debate en el Pleno, ya en febrero.
En la reunión de la Mesa del Congreso también se han rechazado, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, los escritos del CGPJ y del PP para que la Cámara pidiera informes consultivos sobre la reforma.
Y es que, si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo tendría que haber solicitado informe al Consejo de Estado y también al propio CGPJ.