El PSOE vuelve a elevar las penas para la violación y la agresión sin penetración
La proposición de ley, de 13 folios, mantiene la definición del consentimiento e introduce la violencia y la intimación
Patxi López y la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, en la rueda de prensa de ayer en el Congreso. DANIEL GONZÁLEZ
Una vez constatada la falta de consenso entre los socios del Gobierno, el PSOE ha cumplido su amenaza de presentar en solitario su proposición de ley para reformar la ley del ‘solo sí es sí’ apenas cuatro meses después de su entrada en vigor, el 7 de octubre. Los socialistas registraron en el Congreso, sólo con su firma, una proposición de ley de 13 folios con la que cristalizan su plan de reforma de una norma que ha desatado la alarma al aligerar, en un efecto indeseable no pretendido por el legislador, las condenas a 400 delincuentes sexuales, con más de una treintena de excarcelaciones antes de tiempo.
El consentimiento, a salvo
El texto, fruto del trabajo de los técnicos del ministerio de Justicia liderado por Pilar Llop, mantiene la literalidad del consentimiento —el caballo de batalla que ha desembocado en el cisma con Igualdad y Unidas Podemos sobre la regulación estrella de Irene Montero— pero rescata las horquillas penales previas, más elevadas, y reintroduce expresamente la violencia y la intimidación como circunstancias que agravan la violación y la agresión sin penetración.
Este negro sobre blanco es el que lleva a Montero y los suyos a sostener que la reforma de los socialistas, aunque preserve formalmente el consentimiento, lo revierte en la práctica al explicitar de nuevo los condicionantes de las conductas violentas e intimidantes. Lo que contraviene el esquema que los morados resumen con que ya no se somete a la víctima a un «calvario probatorio» porque ya no tiene que justificar que se resistió, sino si consintió. El PSOE discrepa de que esto peligre con su reforma.
Un choque complicado
Ambos socios aprobaron en 2021 la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, modificadora del Código Penal, tras una negociación con aristas en la que el entonces vicepresidente Pablo Iglesias e Irene Montero lograron que Sánchez antepusiera el contenido y la celeridad de la norma alumbrada por Igualdad a las reservas jurídicas de la entonces número dos del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, hoy magistrado del TC, Juan Carlos Campo. El Congreso aprobó la norma, con una mayoría holgada y transversal de 205 diputados de los que se descolgaron el PP y Vox, en agosto. Y desde su entrada en vigor hace cuatro meses se ha convertido en una pesadilla de impredecibles consecuencias para el Gobierno de coalición.
Igualdad había cedido a reformar la ley ante la orden de Sánchez, a elevar las penas y ha endurecer agravantes, pero no a que vuelva a explicitarse la violencia y la intimidación como premisas para modular al alza las condenas.
Ahora, el PSOE lo concreta la propuesta de una disposición transitoria segunda, de revisión de condenas, en la que constata que se aplicará al reo «la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial»; es decir, lo que están haciendo los jueces en virtud de un principio básico y garantista del Estado de derecho. Pero los socialistas incluyen a renglón seguido la salvaguarda para poner un dique a la oleada de atenuaciones penales. Cuando las condenas sean de cárcel, «no se considerará más favorable esta ley orgánica cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a esta reforma del Código».