Puigdemont: de 20 a 10 años

La derogación del delito de sedición beneficiará al ex presidente catalán Carles Puigdemont, procesado por este delito y el de malversación, no sólo porque ya no se le podrá juzgar por ese tipo penal sino porque el delito alternativo ideado por Moncloa reduce las penas de modo que, si el juez instructor Pablo Llarena cambia uno por otro, la prescripción pasará de los 20 a los 10 años. Transcurrido ese tiempo, la responsabilidad penal habrá expirado.

El instructor del caso todavía aguarda a que los otros cinco procesados por el 1-O que siguen huidos —Puigdemont, los ex consejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig y la dirigente de ERC Marta Rovira— regresen a España para poder continuar el procedimiento contra ellos.El ex president y los otros tres procesados por sedición se beneficiarán de la derogación de este delito en la medida en que ya no podrán ser juzgados por el mismo. Así, pasarán de enfrentarse a una pena de entre 10 y 15 años y el mismo tiempo de inhabilitación sólo por sedición a una pena de entre 3 y 5 años de cárcel y 6 y 8 de inhabilitación por el delito propuesto de desórdenes públicos agravados, en el caso de que Llarena reemplazara uno por otro. Si se intercambiara la sedición por el futuro delito de desórdenes públicos agravados, la prescripción caería a los 10 años, porque es el plazo contemplado cuando «la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 5 años y que no exceda de 10», como sería el caso. Una vez extinguida la responsabilidad penal, los fugados podrían regresar a España sin tener que enfrentarse a la Justicia, pero se trata de un asunto complejo porque desde que se cometieron los hechos delictivos, en 2017, el plazo de prescripción se ha vuelto a poner a cero varias veces.