Puigdemont contemporiza a la espera de que llegue un interlocutor a La Moncloa

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, solo tiene 18 meses para situar a Cataluña a las «puertas de la independencia» y, aunque el calendario corre que se las pela, no quiere quemar las naves antes de tiempo. Desde la premisa de que con el 47,8% de los votos a favor del secesionismo el Parlamento catalán no puede declarar la independencia, pero sí puede iniciar el proceso de desconexión, el nuevo jefe del Ejecutivo catalán ha arrancado la legislatura de la «postautonomía y la preindependencia» con pies de plomo. Con la «máxima ambición» y sin renunciar a nada, pero mirando de reojo a la enrevesada política española, que está pasando por el trance que le tocó a la catalana para formar gobierno.

Los primeros mensajes de Puigdemont han querido ser en clave social y apelando a una cierta moderación, abierto al diálogo con todos los grupos de la Cámara catalana y con el Estado, a la espera de que se despeje la incógnita de quién será el próximo inquilino de La Moncloa, lo que puede marcar el devenir de la legislatura catalana y quizá también el proceso soberanista.

Convergència y Esquerra, que suman 17 escaños en el Congreso, y que pueden actuar en bloque desde la Generalitat, en sintonía entre Carles Puigdemont (CDC) y su vicepresidente Oriol Junqueras (ERC), pueden ser decisivos en la gobernación. Ambas formaciones han dicho que no quieren un nuevo Gobierno del PP, aunque desde sus propios intereses partidistas incluso podría venirles bien. Un Ejecutivo central hostil hacia las reclamaciones catalanas, integrado por el PP y Ciudadanos, podría hacer crecer el número de independentistas, que es su objetivo último, pasar del 48% de los votos, al 52%, para poder reclamar con todas las de la ley en Bruselas un estado catalán. Una reforma del sistema de financiación, que es lo que ofrecen Albert Rivera y los populares, no se antoja en estos momentos para nada suficiente para frenar al independentismo, pues no hay que olvidar que la actual apuesta secesionista de Convergència se desbocó en 2012, cuando Mariano Rajoy rechazó la propuesta de Artur Mas de un pacto fiscal en la línea del concierto vasco. En cualquier caso, la Generalitat no se cierra a la reforma del sistema de financiación, si bien en esta ocasión ya ha expresado que no quiere llevar la voz cantante de la negociación como en modificaciones anteriores.

Escenarios

Convergència y Esquerra, por su parte, han marcado distancias con Pedro Sánchez, quien para ser presidente con Podemos necesitaría, como mínimo, la abstención de los independentistas catalanes. De entrada, un Gobierno de PSOE y Podemos conseguiría rebajar la tensión política entre Cataluña y el resto de España, y puede que también la presión judicial y financiera que ejerce el PP. La cuestión a resolver sería ver hasta dónde estarían dispuestos a llegar los socialistas en la reforma constitucional que defienden, en la que Convergència no se quedaría fuera, a pesar de que se declara escéptica.

El independentismo, de entrada, no quiere reconocer que contempla escenarios distintos a la secesión, pero no se cierra a nada. «Si el Estado reconsidera alguna de sus posiciones, que nos lo haga saber. De momento, no ha reconsiderado nada», afirmó Puigdemont ayer en La Vanguardia . La baza del independentismo es presionar hasta que el Estado ceda y permita la celebración de un referéndum, extremo que el PSOE no puede aceptar, a la vista de las reacciones de algunos de sus barones territoriales. Por tanto, lo que está por ver, y de ahí los primeros pasos contemporizadores del Gobierno catalán, es si en el resto de España hay voluntad de afrontar el pleito catalán de una forma negociada mediante la reforma constitucional que podría abrirse en la legislatura recientemente inaugurada o si el conflicto sigue como hasta ahora, en cuyo caso el independentismo entiende que no le queda otra vía que la unilateral, a la espera de que aumente la mayoría social a favor de la secesión.

«Estamos en un periodo para prepararlo todo y que permita, a partir de un nuevo recuento, si sale favorable, que este país se disponga a ser un estado con todas las de la ley», según Puigdemont. El Gobierno catalán, en definitiva, no quiere precipitarse ni dar pasos en falso, porque sabe que los errores propios (como la desunión o la declaración independentista del 9-N) se pagan muy caros. Tienen una baza a su favor. Si el Estado intenta una salida negociada y prueba un nuevo encaje, llamado tercera vía, y ésta fracasa, los que hoy en Cataluña dudan si dar el paso al independentismo podrían hacerlo definitivamente.