Puigdemont se plantea pedir la nacionalidad belga y no regresar

Aunque en todas sus declaraciones públicas siempre amenaza con volver, Carles Puigdemont estudia instalarse definitivamente en Waterloo. Según publicó ayer ‘El Periódico’, los planes del expresidente pasan por pedir la nacionalidad belga, lo que le descartaría como candidato de Junts en elecciones catalanas y generales, y fijar su residencia en Bruselas, ciudad a la que huyó hace casi cuatro años tras la declaración unilateral de independencia.

La formación nacionalista no confirmó la información del rotativo barcelonés, pero dejó entrever que existen movimientos al respecto y que el expresidente baraja diferentes opciones. Aunque la presidenta de la Cámara catalana y dirigente de Junts, Laura Borràs, mantuvo que «es rotundamente falso» que Puigdemont no se plantee volver y «cualquier persona que haya hablado» con él lo sabe.

En realidad, nadie está diciendo que no quiera regresar a Cataluña, lo que se apunta es que de momento planifica su futuro más inmediato en la capital belga, desde donde trata de pilotar la estrategia de confrontación con el Estado español. La propia presidenta del Parlament admitió que a corto plazo es poco previsible que el expresidente regrese y así se lo han recomendado sus abogados.

«Es evidente que solo vendrá con garantías», aclaró la presidenta del Parlament. Sobre la posibilidad de que obtenga la nacionalidad belga, Borràs también lo negó. Si bien, añadió: «Que pueda vivir en Bélgica con confortabilidad es lo que ha estado haciendo en los tres últimos años y medio, y ahora mismo además con condición de europarlamentario».

El propio expresidente ironizó ayer con la información sobre su cambio de nacionalidad. «Llegaremos hasta el final», avisó. «Ni detenido ni rendido. La única vía de regreso es siendo libre», exclamó. Mientras tanto, «ya tengo regularizada mi situación, por si alguien quiere hacer una noticia de portada», afirmó con retranca en Twitter. Acompañaba sus palabras con una imagen de su carné como miembro del Consejo para la República, una especie de DNI catalán sin ninguna operatividad lanzado por esta entidad para captar fondos.

De regresar a Cataluña, Puigdemont sería detenido por la Policía y puesto a disposición de un juez. Pesa sobre él una orden de extradición para ser juzgado por sedición y malversación, como sus anteriores compañeros de gobierno, que ya han sido juzgados, condenados e indultados. Puigdemont optó por la vía del exilio, junto a los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig y Toni Comín, pero a la vista de los acontecimientos se decantó por la estrategia equivocada, ya que todos los demás líderes del ‘procés’ están ya libres.

Junts insistió ayer en reclamar al Gobierno que permita el regreso del expresidente. El secretario general de la formación, Jordi Sànchez, instó al presidente del Gobierno a dar un «segundo paso» tras el de los indultos y que reconozca la inmunidad de los líderes huidos en Bruselas para que puedan volver a casa. La otra posibilidad es la reforma del delito de sedición, pero no se antoja una vía rápida.

El PSC, Cs y el PP anunciaron ayer que reclamarán un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico que vela por la constitucionalidad de las decisiones del Govern y el Parlament, para aclarar dudas y saber si es legal el fondo creado por el Govern para avalar las fianzas que el Tribunal de Cuentas exige a 34 dirigentes independentistas. «Es importante aclarar si se ajusta a la legalidad», afirmó el líder del PSC, Salvador Illa. «Si es legal, no tenemos ningún inconveniente en convalidarlo» en el Parlament, añadió. El jefe de la oposición confirmó que el Gobierno central también está comprobando con sus servicios jurídicos si se ajusta a la legalidad.

El dictamen lo han solicitado por separado los socialistas, por un lado, y Ciudadanos y el PP, por otro. Algunos medios apuntan que el Govern no ha encontrado aún ese banco que se avenga a respaldar a los encausados.